Prontuario
El exministro Murillo, que hoy será puesto ante un juez, enfrenta al menos 10 procesos, dos con sentencia
El exministro de Gobierno Arturo Murillo, que arribó a Santa Cruz la madrugada de este jueves, quedó aprehendido y será trasladado a La Paz, donde será sometido a una audiencia cautelar. La exautoridad enfrenta 10 procesos penales, dos con sentencia.
Si bien en el país hay al menos 10 procesos en contra del exministro, no todos tuvieron un gran avance. Hay, además, cerca de medio centenar denuncias administrativas por 30 contrataciones irregulares durante su gestión.
Murillo enfrenta acusaciones por legitimación de ganancias ilícitas y corrupción en la compra irregular de gases lacrimógenos, que ocasionó un daño económico al Estado, superior a 16 millones de bolivianos.
El exministro fue detenido en mayo de 2021 en Estados Unidos y en 2023 fue sentenciado en ese país por lavado de dinero y sobornos con recursos provenientes de un millonario sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos en 2019.
Murillo fue condenado en Bolivia por dos casos emblemáticos: el caso gases lacrimógenos, en el que tiene una sentencia de 8 años de prisión por la compra con sobreprecio de material antidisturbios. Además del caso gases Ecuador, en el que tiene una sentencia de 5 años y 4 meses por el ingreso irregular de armamento desde ese país. Fue parte de las gestiones para traer armamento no letal desde Ecuador durante el Gobierno de Jeanine Añez.
En dos de los casos, “gases lacrimógenos” y “Huayllani/Sacaba”, los más antiguos, se logró una orden de aprehensión por rebeldía. Sin embargo, en ambos, las órdenes se emitieron cuando la exautoridad ya había salido del país.
En el primero, la denuncia fue admitida por la Fiscalía el 8 de junio de 2020, pero no fue hasta el 12 de enero de 2021 que se emitió la imputación formal y hoy tiene sentencia.
En el segundo, por la masacre de Huayllani-Sacaba tras los conflictos postelectorales, fue instaurado de oficio por la Fiscalía el 11 de diciembre de 2019. Sin embargo, la imputación formal fue emitida el 25 de febrero de 2021. Al no presentarse a la audiencia cautelar, la exautoridad fue declarada en rebeldía y se emitió la segunda orden de aprehensión en su contra.
Otros casos
Murillo es procesado en el caso Horcones, admitido por la Fiscalía el 17 de mayo de 2021. Murillo es el principal investigado por la desaparición de 400 kilos de droga incautada y que debía ser incinerada. El operativo contra el narcotráfico en el que se decomisó dichos estupefacientes se realizó en diciembre de 2019, en la frontera con Chile.
El 7 de mayo de 2021 el entonces ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó ante la Fiscalía de Santa Cruz un proceso en contra de su antecesor por “impedir la extradición” del narcotraficante Einar Lima Lobo a Brasil.
El 22 de abril de 2021, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) presentó ante la Fiscalía de La Paz una denuncia penal por allanamiento, estorbar o impedir el ejercicio de funciones, manipulación informática, alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos.
Pero también están los procesos por difamación. El 17 de diciembre de 2020, Jhonny Aguilera, ahora viceministro de Régimen Interior y Policía, presentó una denuncia por calumnia y difamación. El caso fue abierto luego de que Murillo acusara a Aguilera de realizar una “persecución” en su contra.
Asimismo, el 31 de marzo de 2021, la exautoridad fue declarada en rebeldía dentro del proceso por difamación, en el caso bebé Samanta. La denuncia fue presentada en 2020 por la mujer que fue identificada pública y equivocadamente por Murillo como la raptora de una pequeña niña. Hace unas semanas, se anunció que el caso fue reactivado y que se pidió un resarcimiento de al menos 100.00 dólares.
Murillo tiene, además, 49 procesos administrativos, entre los que se encuentran contrataciones estatales que fueron direccionadas o se mal usó los recursos que podían ser usados en la emergencia sanitaria que vivía el país en 2020. Uno de los casos que llamó la atención es el pago de 449 mil bolivianos para la compra de talco para pies, durante el pico mayor de la pandemia.
Durante su gestión, entre 2019 y 2020, época muy conflictiva para el país por los problemas poselectorales y la pandemia, ministros y legisladores perfilaron a Murillo como el “verdadero poder detrás del trono”. De acuerdo a las denuncias, él podía influir sobre Añez en contratos, decisiones, firma de decretos y hasta el nombramiento o destitución de autoridades.