Justicia
ONU y la CIDH advierten "riesgo de impunidad" por los casos Senkata y Sacaba
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ONU Derechos Humanos en América del Sur expresaron este viernes su preocupación ante las recientes decisiones del Tribunal de Sentencia Nº 4 de El Alto y del Tribunal Primero de Sacaba, que declararon la nulidad de los procesos contra policías y militares sindicados por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las masacres de Senkata y Sacaba en 2019.
Dicha preocupación se acentúa tras la reciente decisión de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de La Paz de 9 de septiembre de 2025, que ratificó la Resolución Nº 211/2025 de 25 de agosto de 2025, confirmando lo establecido en la anterior resolución en el caso de Senkata.
“El 25 y el 29 de agosto de 2025, los jueces a cargo de los procesos judiciales por los casos de Senkata y Sacaba, respectivamente, ordenaron la anulación de los expedientes judiciales por incompetencia en materia. Al respecto, entidades de derechos humanos como la Defensoría del Pueblo de Bolivia han expresado preocupación ante el riesgo de que estas decisiones generen impunidad y vulneren el derecho de las víctimas al acceso a la justicia de manera pronta y oportuna”, dice un pronunciamiento de ambas organizaciones.
La CIDH y ONU Derechos Humanos consideran que la anulación de lo actuado en los procesos judiciales “puede representar un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”.
“Esta situación compromete el cumplimiento de las obligaciones del Estado de investigar, sancionar y reparar a las víctimas y supone una revictimización de las personas afectadas”, alerta.
A su vez –indica el comunicado- estas decisiones judiciales evidencian un serio obstáculo al deber estatal de implementar las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Aquello incluye las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia (GIEI-Bolivia), que han sido acompañadas por la CIDH a través de la Mesa de Seguimiento a las recomendaciones de dicho Informe (MESEG-Bolivia), así como las contenidas en el informe que elaboró una misión de ONU Derechos Humanos.
En 2019 ç, el GIEI, a solicitud del Estado boliviano, recopiló información sobre diversas violaciones de derechos humanos e incluyó en su informe final las investigaciones referidas a las masacres de Senkata y Sacaba. El informe reportó al menos 20 personas fallecidas y numerosas heridas como resultado del uso excesivo de la fuerza en operativos conjuntos de policías y militares.
“La CIDH y ONU Derechos Humanos instan a las instituciones bolivianas a considerar el impacto de dichas anulaciones judiciales en los compromisos internacionales de derechos humanos y a que se eviten demoras procesales que favorezcan la impunidad de estas masacres, así como a adoptar las medidas necesarias para remediar la situación”, reza el texto.