Asamblea
Comisión aprueba ley de diferimiento de créditos y la remite al pleno del Senado
ABI / La Paz
La Comisión de Planificación del Senado aprobó el proyecto de ley que suspende temporalmente los embargos y ejecuciones judiciales relacionados con créditos de vivienda de interés social, y que además establece el diferimiento del pago de cuotas para préstamos dirigidos a vivienda social, así como a micro y pequeños prestatarios.
El presidente de la Comisión, Benjamín Vargas, informó que el informe ya fue remitido a la presidencia del Senado y será considerado en el pleno la próxima semana.
“Se ha aprobado en la Comisión. Seguramente será tratado en la plenaria. Con este proyecto no se está entorpeciendo a nadie, ni a los bancos ni a los prestatarios. Al contrario, estamos garantizando que al hermano prestatario no se le judicialicen sus bienes”, declaró el senador Vargas.
El proyecto fue aprobado previamente por la Cámara de Diputados el 12 de septiembre y fue remitido el 16 de septiembre a la Comisión de Planificación del Senado para su revisión y tratamiento.
La iniciativa legislativa establece que, por un plazo de seis meses a partir de la publicación de la ley, quedarán suspendidos los embargos, remates, desapoderamientos, ejecuciones de sentencias y otras medidas judiciales relacionadas con los créditos mencionados. Cualquier acción contraria a esta norma será considerada nula de pleno derecho.
La propuesta surge en respuesta a la difícil situación que atraviesan amplios sectores de la población, en particular microempresarios, pequeños empresarios y trabajadores autónomos, afectados por fenómenos climáticos adversos, conflictos sociales y una economía en crisis.
El objetivo es prevenir la pérdida de viviendas y el cierre de pequeños negocios a causa de deudas impagas. Sin embargo, la medida no implica una condonación, sino una reprogramación temporal: los prestatarios deberán retomar los pagos una vez concluido el periodo de suspensión.
Además del alivio a los deudores, el proyecto busca proteger la estabilidad del sistema financiero, evitando un aumento masivo de ejecuciones judiciales que podrían agravar aún más la situación económica del país.
Con esta medida, el Gobierno intenta brindar un respiro temporal a quienes enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias, sin perjudicar a las entidades financieras ni a la economía nacional.