Defensoría alerta sobre el impacto en sectores vulnerables tras cierre del Ministerio de Justicia y sus servicios

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por los sectores vulnerables que se quedarán sin una entidad rectora para la formulación de políticas públicas, la coordinación interinstitucional y la provisión de servicios esenciales para el ejercicio de sus derechos humanos, tras el cierre del Ministerio de Justicia.

Bajo su tuición, la institución recordó que diversas reparticiones e instancias cumplen funciones estratégicas para el Estado y para la protección de poblaciones en situación de vulnerabilidad: niños, niñas y adolescentes; mujeres; personas adultas mayores; jóvenes; personas con discapacidad; así como aquellas afectadas por violencia por motivos de género o edad.

"Estas instancias constituyen pilares fundamentales para el cumplimiento de los mandatos constitucionales y de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por el Estado boliviano", señala el pronunciamiento.

Entre las instituciones bajo la tuición del Ministerio de Justicia se encontraban el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (Conalpedis), el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (Sepdep), el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) y el Servicio Integral de Justicia Plurinacional (Sijplu), entre otras, que brindan asistencia jurídica, psicológica y social gratuita a personas de recursos limitados.

Por otro lado, la Defensoría expresó su preocupación por la presidencia y las secretarías técnicas que dependían de esta cartera, como el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas, el Consejo de Coordinación Sectorial por una Vejez Digna y el Consejo de Coordinación Sectorial e Intersectorial para asuntos de la niña, niño y adolescente, entre otros.

Según la entidad, todas estas instituciones permitían un trabajo interinstitucional “articulado y multiactor” para la promoción, ejecución y evaluación de políticas públicas vinculadas con el desarrollo integral de las personas y sus derechos humanos, conforme a los compromisos internacionales asumidos por el Estado boliviano.

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo exhortó a las autoridades del Ejecutivo a brindar certeza respecto a la nueva organización y estructura institucional que asumirá la tuición y administración de estas funciones.