Expresidente
Condenan a Pedro Castillo a 11 años y 5 meses de cárcel por intento de golpe de Estado
EFE / Lima
El izquierdista expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) fue condenado este jueves a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por el delito de conspiración para una rebelión, a raíz del fallido intento de golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre de 2022.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema que juzgó a Castillo consideró que el exmandatario no consumó el delito de rebelión al no concretarse sus intenciones golpistas, motivo por el que la Fiscalía varió durante el juicio la solicitud de pena contra el ex jefe de Estado de 34 años de cárcel a la finalmente dictada por el tribunal.
El día de los hechos, Castillo dio un mensaje a la nación en el que ordenó disolver temporalmente el Congreso (Parlamento), intervenir la Judicatura y gobernar mediante decretos, tras una nueva e inminente moción en el Legislativo, dominado por la oposición, para destituirlo al salir a la luz indicios de presunta corrupción que lo salpicaban directamente a él.
Sin embargo, su pronunciamiento no surtió efecto y a los pocos minutos lo detuvieron cuando había abandonado el Palacio de Gobierno de Lima y se dirigía aparentemente a la Embajada de México, donde su familia sí llegó y recibió asilo, mientras Castillo fue horas después destituido por el Congreso y enviado a la cárcel donde permanece hasta ahora.
Las acusaciones de la Fiscalía
Junto a Castillo están acusados además los ex primeros ministros Betssy Chávez, que permanece en la Embajada de México en Lima tras recibir el asilo de ese país, y Aníbal Torres. Igualmente, el exministro del Interior Willy Huerta y los exjefes policiales Manuel Lozada y Justo Venero.
La Fiscalía acusa a Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, por lo que pedía 34 años de cárcel. Durante el juicio, también planteó el delito de conspiración, por el que pide 19 años de años y 30 días de prisión.
A su vez, todos los abogados de Castillo renunciaron a su defensa y quedó en manos de un abogado asignado de oficio.
El 7 de diciembre de 2022, Castillo ordenó cerrar el Congreso, intervenir la Judicatura y gobernar temporalmente por decretos, ante el temor de una nueva e inminente moción del Congreso, dominado por la oposición, para destituirlo tras salir a la luz indicios de presunta corrupción en su administración que lo salpicaban directamente a él.
Su esposa e hijos se encuentran asilados por México, país con el que Perú ha roto las relaciones diplomáticas tras el asilo a Chávez, y permanecen en ese país desde entonces.
Las claves del caso
¿Qué pasó el 7 de diciembre de 2022?
En un mensaje a la nación, Castillo ordenó cerrar el Congreso, intervenir la Judicatura y gobernar temporalmente por decretos, ante el temor de una nueva e inminente moción del Congreso, dominado por la oposición, para destituirlo tras salir a la luz indicios de presunta corrupción en su administración que lo salpicaban directamente a él.
Tras no surtir efecto sus órdenes, Castillo dejó el Palacio de Gobierno de Lima para dirigirse aparentemente a la Embajada de México, pero antes de llegar fue detenido todavía en funciones y seguidamente el Congreso lo destituyó de manera exprés, sin los votos suficientes para ejecutar la destitución en el mismo día.
Fiscalía pedía hasta 34 años de cárcel
La Fiscalía acusa a Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, por lo que pide 34 años de cárcel. Durante el juicio, también planteó el delito de conspiración, por el que pide 19 años de y 30 días de prisión.
A su vez, todos los abogados de Castillo renunciaron a su defensa y quedó en manos de un abogado asignado de oficio.
Los coacusados
El fallido intento de golpe de Estado ha sido atribuido por la Fiscalía también a otros coacusados como la ex primera ministra Betssy Chávez, que desde hace varias semanas está asilada en la residencia de la Embajada de México a la espera de un salvoconducto que le permita salir del país, y el también ex primer ministro y entonces asesor Aníbal Torres.
El fiscal sostiene que ambos participaron en la coordinación y redacción del mensaje, además de convocar a los demás ministros al Palacio de Gobierno el día de los hechos. También están incluidos el exministro del Interior Willy Huerta y los policías Manuel Lozada y Justo Venero por las órdenes dictadas en los minutos siguientes al anuncio de Castillo.
Castillo se considera un secuestrado
Para Castillo, el juicio busca destruirlo y rebate la acusación de rebelión al señalar que se limitó a dar un "discurso político" sin que se produjese ningún levantamiento en armas, y que actuó solo, sin conspirar con otras personas.
El expresidente denuncia haber sido "arrestado siendo presidente" de la República. "Yo no fui el golpista, tampoco soy terrorista, soy un maestro, soy un campesino", dijo Castillo, y agregó que desde que ganó las elecciones de 2021 ha sido "víctima de difamaciones" y ha enfrentado una "guerra de odio, de miedo".