Empresa estatal
Corrupción: Fiscalía allana oficinas de YPFB en cuatro departamentos
La Policía y el Ministerio Público, en coordinación, ejecutaron operativos e investigaciones en distintas oficinas regionales de la estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), informó la fiscal superior anticorrupción, Mirtha Mejía Salazar. Las requisas se extendieron a cuatro departamentos, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro, ante la detección de presuntas irregularidades en los procesos internos, así como en el manejo de combustible y las contrataciones públicas.
En el departamento de La Paz, la Fiscalía Especializada en Anticorrupción realizó un registro en la planta de YPFB en Senkata, donde se evidenciaron indicios de un manejo irregular de carburantes, específicamente el despacho de 14 cisternas con diésel que no cumplía con los parámetros técnicos establecidos.
En este caso, ocho funcionarios fueron aprehendidos y se amplió la intervención a YPFB Logística y YPFB Comercial para la recolección de documentación y verificación de procedimientos.
En Cochabamba, la Fiscalía Departamental ejecutó un registro en las oficinas de YPFB, YPFB Redes y YPFB Comercial, dentro de la investigación del caso “Servicio de Catering”, donde se presume la comisión de delitos de corrupción vinculados a un proceso de contratación de servicios de alimentación del año 2021.
Por otro lado, en Santa Cruz se informó que continúan las actuaciones dentro del proceso registrado por el ilícito de incumplimiento de contratos, relacionado con presuntas irregularidades en áreas operativas y administrativas de YPFB – Santa Cruz.
Se realizó el registro del lugar, lo que permitió obtener información consistente, documentación específica y el secuestro de artefactos digitales. Además, seis personas se encuentran arrestadas con fines investigativos.
En Oruro, también se allanaron las oficinas regionales de YPFB ante denuncias de presuntas irregularidades en el proyecto de ampliación de almacenamiento de combustibles, ejecutado por una empresa venezolana. Se identificó que la primera fase tenía un costo estimado de 144.244.000 bolivianos, pero la cancelación registrada superó los 305.168.695 bolivianos, duplicando el monto inicial.