Gobierno pedirá una norma para transparentar recursos de los clubes

El fútbol está en la mira de la nueva administración que tiene el Estado Plurinacional. El desfalcó de más de dos millones que sufrió Bolívar a sus arcas no ha pasado desapercibido para las autoridades que en los “siguientes días tomarán contacto” con la dirigencia de Federación Boliviana de Fútbol para solicitarle un mecanismo que transparente “el manejo de recursos” que tienen las distintas instituciones.

Desde la entidad federativa tienen claro que el remedio para evitar los problemas financieros que tienen los clubes será la implementación del Fair Play Financiero, normativa que servirá para “tener una buena administración e los recursos y que los mismos sean transparentados”.

El presidente de la FBF, Fernando Costa Sarmiento, confirmó a Sports 360 hace algunas semanas que el reglamento del Fair Play Financiero ingresará en vigencia a partir del 1 de enero de 2026 con el objetivo de garantizar la viabilidad económica de los clubes de la División Profesional de nuestro país.

 “El reglamento es para exigir el cumplimiento de una serie de normas, que permitan a las instituciones y a sus administraciones ser mucho más responsables”, subrayó Costa.

Se pudo conocer que la normativa que será puesta en conocimiento de los miembros de la FBF contempla una serie de puntos en los que se solicitará a cada institución un “manejo responsable” y que se “demuestre de donde provienen los fondos” que se manejan en cada una de las temporadas como parte de su presupuesto, de esta forma se evitarán “maquillar ingresos” y sobre todo se pretende un “manejo transparente” y evitar que existan dirigentes que se benefician del fútbol para hacer negocios.

Desde 2020 clubes grandes en el fútbol boliviano como San José, Wilstermann y en los últimos años The Strongest; atraviesan graves crisis financieras y con deudas impagables. El caso más llamativo es el de Bolívar que es administrado por la empresa Baisa, pero el martes por la noche se conoció que un fiscal pidió la detención de tres de sus funcionarios, quienes son investigados por el supuesto desfalco de más de dos millones de bolivianos.