Reacción
Negativa a acción interpuesta por la Defensoría retrasa el indulto de 3.000 privados de libertad
El Juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, denegó la Acción de Libertad interpuesta por la Defensoría del Pueblo frente a la dilación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la emisión de certificados a privados de libertad para acceder al Indulto Presidencial, informó esta instancia.
“La jueza denegó la acción de libertad, indicando que no hay un plazo determinado en el Decreto Presidencial para la emisión de estos certificados. No obstante, en algunos casos, a más de un mes, las solicitudes de certificado no tienen respuesta hasta la fecha, por eso la Defensoría del Pueblo planteó una acción de libertad pidiendo celeridad en la emisión de estos certificados”, señaló el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
El 22 de octubre, el Gobierno de Luis Arce emitió el Decreto Presidencial N° 5460, destinado a beneficiar con el indulto a privados de libertad con sentencia condenatoria. El mismo, en el artículo 6, inciso c), establece que el privado de libertad debe obtener un certificado emitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que indique si tiene otros procesos pendientes o si ha sido beneficiado con otra amnistía en los cinco años anteriores a la vigencia del referido decreto.
A su vez, el TSJ, mediante el Instructivo N° 24/2025, dispuso que los Tribunales Departamentales de Justicia remitan cierta información antes de que se puedan emitir estos certificados; sin embargo, en muchos casos, desde el 22 de octubre hasta la fecha, el TSJ no ha emitido los certificados solicitados para al menos 3.000 privados de libertad, hecho que fue cuestionado por la autoridad defensorial en la referida acción de libertad.
“Parece un contrasentido: las personas que están en los penales cumpliendo una pena han sido beneficiadas con este Decreto Presidencial por el Estado, y es el propio Estado el que está dilatando con la negativa de la emisión de estos certificados”, añadió Callisaya.
Ante esta decisión de la jueza de garantías constitucionales, el Defensor del Pueblo señaló que se continuará “realizando todas las acciones legales y defensoriales necesarias para garantizar que las personas privadas de libertad puedan acceder al beneficio del indulto presidencial, sin trabas indebidas y en estricto respeto a sus derechos humanos”.