¿Impunidad?
Denunciante advierte que no indagar el caso de trata contra Evo debilitaría la seguridad jurídica del país
El denunciante en el caso de trata contra Evo Morales y otras 10 personas explicó que rechazar este proceso pone en riesgo al sistema y a la seguridad jurídica del país. El documento, presentado y admitido por la Fiscalía de La Paz, sostiene que Noemí M., era menor de edad cuando sostuvo una relación sentimental con el exmandatario y realizó más de 30 viajes aéreos de manera irregular.
Marcelo Alcázar, quien presentó la denuncia el 2020, en su calidad de director del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) recordó a Visión 360 que ese año la denuncia fue trasladada de La Paz a Cochabamba y posteriormente rechazada.
Consultado por este medio, sobre qué pasará en caso de que su denuncia no prospere, como ocurrió en 2020, el denunciante explicó que, de suceder eso, “lo que se está constatando es que la impunidad, en este tipo de delitos en nuestro país, pone en riesgo todo el sistema y la seguridad jurídica que debería ser un pilar fundamental de nuestro estado de derecho”.
Alcázar volvió a Bolivia a finales del 2025, luego de haber salido para resguardar su seguridad. A su retorno, presentó nuevamente la denuncia por Trata y tráfico de personas que involucra a Morales. La joven fue trasladada a diferentes puntos del país desde los 14 años, muchos de ellos sin cumplir con los requisitos legales que se exigen para viajes de menores de edad.
El abogado explicó que la última denuncia fue admitida y que ahora se encuentra en revisión el contenido de la misma. Sin embargo, aclaró también que las personas implicadas en el caso tienen residencia en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
Alcázar recordó que las normativas bolivianas obligan a denunciar cualquier acto en contra de la niñez y la adolescencia, además cuidar los derechos de los menores de edad es de prioridad “absoluta”. En el caso de la trata y tráfico de personas, recordó que este delito es considerado de lesa humanidad por las Naciones Unidas.
Vivir en la clandestinidad
El exdirector del Sepdavi contó a Visión 360 que el 2022, dos años después de presentar la denuncia contra Morales, la Fiscalía le inició un proceso penal; eso, sumado a amenazas, le orillaron a dejar el país.
Alcázar explicó que él dejó el cargo como director del Sepdavi el 7 de noviembre del 2020, luego de trabajar cinco meses. “En esos 5 meses es donde he tenido la responsabilidad de formalizar la denuncia y todo lo que pasaba en relación al expresidente Evo Morales”, aclaró.
"Ya en 2022 fui acusado por supuestas contrataciones irregulares. Como que yo hubiera contratado, en cinco meses, hubiera favorecido a alguien en un puesto de trabajo. Así lo han calificado. Entonces, es totalmente irregular y en ningún momento se puede verificar este extremo”, contó.
La denuncia
El documento, registrado con el Código Único de Caso (CUD) N° 201102012509349 detalla la existencia de una presunta “organización criminal”, cuyo objetivo era garantizar la logística, el traslado y el encubrimiento de los encuentros entre Morales y la entonces adolescente.
El memorial señala que Noemí M. realizó más de 30 viajes aéreos para reunirse con el exmandatario mientras él se encontraba en funciones. Se observa, además, que varios de esos viajes se realizaron sin cumplir los requisitos legales que se exigen para menores de edad.
De acuerdo al documento, entre los supuestos cómplices figuran exfuncionarios como el exgerente de Boliviana de Aviación (BoA), Ronald Casso, Luis Hernán Soliz Morales, quien en 2020 figuraba como asistente personal del exmandatario, dependiente del Ministerio de la Presidencia, y servidores públicos relacionados con la Gobernación de Cochabamba y la Caja Nacional de Salud. Al respecto, ninguno de los aludidos aún se pronunció.
Entre los funcionarios que se encuentran en la denuncia están Rodolfo Castro, actual funcionario de Mi Teleférico, además de Carla Lorena Sandy, abogada que ocupó diversos cargos durante los gobiernos del MAS, entre ellos el de viceministra de Igualdad de Oportunidades en 2022. Sandy figura como segunda secretaria de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entidad en la que recientemente impulsó la declaración del “Día Internacional de las Mujeres y las Niñas Indígenas”.