Hidrocarburos
Tariquía: Petrobras Bolivia dice que cuenta con licencia ambiental desde julio del 2025, otorgada en el gobierno de Arce
Mediante un comunicado y en medio de protestas por la intervención de la Policía para despejar el ingreso DMO-X3 en el área San Telmo norte de Tarija, la empresa Petrobras Bolivia informó que acudió a las autoridades e instancias correspondientes debido a que a la estatal brasileña se le vulneró el derecho “al libre tránsito y al trabajo”. La empresa alegó que, luego de un largo proceso, cuenta con una licencia ambiental desde julio de 2025. Periodo de tiempo en que Luis Arce aún era presidente.
“Para la ejecución de las obras de camino de acceso y planchada que llevarán a la perforación del pozo, Petrobras Bolivia cuenta con la Licencia Ambiental del proyecto otorgada en julio de 2025, tras cumplir con todos los requisitos legales exigidos por la normativa boliviana”, señala la petrolera.
El texto explica que se cuenta con un contrato de servicios petroleros firmados con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para la exploración y explotación del Área San Telmo Norte, en el proyecto DMO-X3, mismo que fue “aprobado por ley”. Además, la corporación enfatiza que el proyecto “está localizado fuera de la Reserva de Flora y Fauna de Tariquía”.
Según el informe de la petrolera, el proceso para contar con la licencia ambiental incluyó una “Consulta Pública en enero de 2025 en el Municipio de Entre Ríos y en la Comunidad de Saicán, así como la elaboración y aprobación del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental”.
En el comunicado, Petrobras Bolivia explica que, junto a YPFB, se coordinaron todos los “aspectos relevantes” con las autoridades y habitantes de las comunidades del área de influencia. El texto indica que hubo un diálogo permanente con las 10 comunidades del Cantón Chiquiacá, se socializó el proyecto y se trabajó en un proceso que incluyó la realización de la “Consulta Pública” en enero de 2025 en el Municipio de Entre Ríos y en la Comunidad de Saicán. La compañía añade que mantiene todos los canales de diálogo para atender consultas, observaciones y manifestaciones de las comunidades y partes interesadas.
Debido a la alerta de los comunarios de Chiquiacá, que denunciaron que entre el 5 y 6 de enero la Policía intentó levantar uno de los puntos de bloqueo, diversos sectores de la sociedad civil se han pronunciado, entre ellos los estudiantes de Biología de la Universidad Mayor de San Andrés.
Éstos últimos piden la presentación pública de la Licencia Ambiental y del Estudio de Evaluación del Impacto Ambiental. Solicitan también que se verifique si las medidas de mitigación “serán realistas y suficientes” para garantizar la no afectación a la reserva de Tariquía.
Además, exigen levantar la impugnación penal dirigida a los 16 comunarios acusados por los presuntos delitos de “asociación delictuosa y otros”. En un comunicado publicado la noche del martes, los estudiantes solicitan a la Asamblea Legislativa Plurinacional realizar una revisión del Decreto Supremo 5503.