Análisis
Experto sugiere desde una revisión al DS 2366, hasta paralizar y auditar los contratos petroleros en Tariquía
Aunque la lucha de las 10 comunidades que habitan en la reserva de Tariquía (Tarija) se inició en 2015 –tras la aprobación de un decreto que permite las actividades hidrocarburíferas en las áreas protegidas–, esta semana la resistencia ha cobrado nueva relevancia, luego de que la Policía intentó levantar un punto de vigilia en el área Churumas, para ingresar al DMO-X3, en San Telmo Norte. A este conflicto se suma la denuncia contra 16 comunarios y un concejal por el delito de “asociación delictuosa y otros”, iniciada por un representante de Petrobras Bolivia y YPFB.
Al respecto, el investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia, Jorge Campanini, explicó a Visión 360 que existen una serie de observaciones al contrato que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) firmó con Petrobras Bolivia para la exploración y explotación del Área San Telmo Norte, en el proyecto DMO-X3 cerca de la reserva forestal de Tariquía. En consecuencia, sugirió paralizar los contratos petroleros firmados para estas áreas, auditar los mismos, y, también planteó una revisión al Decreto Supremo 2366 aprobado en 2015, durante el gobierno de Evo Morales.
Campanini explicó que Petrobras obtuvo la licencia ambiental y, aunque se realizó una consulta pública, ésta no fue previa, pública ni informada. “Lo que ha sucedido en el caso del DMO-OSO-X3 ha sido una consulta pública. Si bien se ha invitado a algunas dirigencias de las comunidades, no ha sido a su totalidad, y aunque fuera así, la consulta simplemente es un requisito administrativo y no así un ejercicio de derechos. Las comunidades no han ejercido ninguno de sus derechos en en la consulta (porque) no tienen el tiempo, ni las condiciones para revisar los documentos ambientales, si es que tienen la suerte de que les den”, detalló.
Acotó que, en medio de la incertidumbre, en octubre de 2025 las comunidades de Chiquiacá decidieron realizar una consulta, de la forma en la que se practica en esa región, “es decir, votan por un voto por parcela y en la votación salió de que no querían petroleras y eso sí es una consulta con sus formas de decisión respetando lo que ellos dicen”, explicó.
El experto recordó que la licencia ambiental para los trabajos en el DMO-X3 fue otorgada en julio de 2025, sin embargo el Sistema Nacional de Información Ambiental la publicó recién en septiembre, lo que no dio espacio a que este documento sea objetado, ya que solo existe un lapso de 10 días.
“Nuestra normativa ambiental dice que luego de 10 días de haberse emitido una licencia, alguien tiene el derecho de presentar un recurso de oposición y cuestionar algunos elementos de esta licencia, pero no lo han hecho así y eso pone en evidencia la mala fe del Estado. Mala fe del Estado para prohibir cualquier tipo de reacción, incluso administrativa, de parte de, en este caso, el sector de las comunidades”, evidenció.
Campanini, quien ha acompañado la situación de las comunidades en Tariquia desde el 2015, explicó que esta área protegida se creó con tres objetivos: proteger y conservar la última zona de bosque tucumano-boliviano, “extensa, continua y la mejor conservada”; garantizar el régimen hídrico de los ríos Tarija y Bermejo donde se forman los riachuelos que luego confluyen en ríos; y garantizar que la gente que vive en la reserva realice actividades sostenibles. “Todo esto se ha roto, se ha quitado un un un pedazo de la zona núcleo para volverlo campo petrolero”, advirtió.
El experto cuestionó que el Estado ingrese a los territorios con el uso de agentes policiales, con procesos y contra la población “desprotegida”. Para revertir esta situación, sugirió, de manera personal, paralizar el contrato, una auditoría del plan de manejo, y que el Estado revise y cuestione el DS 2366. “Desde mi perspectiva, algo ideal (sería) cortar el DS 2366, auditar el plan de manejo, suspender los proyectos y desplazar (los mismos) fuera de la reserva sería lo ideal para darle un poco de tranquilidad a estos compañeros y compañeras que llevan años en resistencia”, concluyó.