Tarija
Exgobernador Lino Condori ya se encuentra en Morros Blancos y cumplirá 5 años de prisión
La noche del jueves, a la altura de la tranca de Pajchani, carretera al norte de Tarija, se logró ejecutar el mandamiento de condena en contra del exgobernador a.i. de ese departamento, Lino Condori Aramayo, tras lo cual fue trasladado al penal de Morros Blancos, donde cumplirá su sentencia de cinco años por el delito de Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes.
Una nota de prensa del Ministerio Público informa que la acción fue posible como resultado de un trabajo coordinado entre el Ministerio Público y la Policía Boliviana.
“El Ministerio Público, bajo el liderazgo del Fiscal General del Estado, Roger Rider Mariaca Montenegro, demuestra con hechos que la ley se cumple sin distinciones y dejamos en claro que ninguna persona que haya incumplido la normativa vigente puede gozar de privilegios”, señaló al respecto el Fiscal Departamental de Tarija, José Ernesto Mogro,
El Fiscal asignado al caso, Gabriel Alarcón, informó que el mandamiento de condena fue emitido inicialmente en la gestión 2020 contra el exgobernador de Tarija; sin embargo, la defensa interpuso recursos legales como la apelación restringida y extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, mismos que fueron rechazados por el Tribunal Supremo de Justicia mediante Auto Supremo que confirmó la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia Tercero de la Capital, por ello, se procedió a la ejecución del mandamiento de condena emitido por el Tribunal de Sentencia Primero de la Capital.
El 28 de julio de 2020 el Tribunal de Sentencia Tercero de la Capital lo declaró culpable de resoluciones contrarias a la Constitución y lo condenó a cinco años de privación de libertad más la inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El periódico El País, de Tarija, recuerda que los hechos se remontan al 2015, cuando previo a las elecciones subnacionales renunciaron a sus cargos algunos ejecutivos seccionales. Condori emitió una resolución nombrando a nuevas autoridades, pero sin respetar que la normativa mandaba que estos debían ser los siguientes en la estructura, es decir los directores. La causa se enfocaba específicamente en la asignación del ejecutivo de Yacuiba, donde eligió a un funcionario de menor rango.
El fiscal asignado al caso, Gabriel Alarcón, explicó que desde la sentencia la defensa del exgobernador empleó todas las herramientas legales posibles. Primero apeló el fallo, pero la Sala Penal lo ratificó. Posteriormente presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), incluso pidió la extinción de la causa por excesos en la duración del proceso. Sin embargo, recibió un rechazo y ahora la condena quedó ejecutoriada.