Laura Rojas da un paso al costado y renuncia a su candidatura a concejal

La exdiputada Laura Rojas, involucrada en el ingreso de más de 30 maletas utilizando un pasaporte diplomático para eludir la revisión, informó este jueves que decidió dar un paso al costado y renunció a su candidatura a concejal por la organización política Primero Santa Cruz. Esta semana, un juez dictó su detención preventiva en la cárcel de Palmasola.

“Por medio de la presente, me dirijo a usted para formalizar mi renuncia a la candidatura a concejal municipal por la organización política Primero Santa Cruz, decisión que, como es de su conocimiento, le fue comunicada de manera personal en la reunión que sostuvimos el día 21 de enero”, se lee en la misiva publicada en sus redes sociales y que está dirigida a Gary Añez, candidato a alcalde de Santa Cruz de la Sierra.

En la carta, Rojas señala que, ante las “injustas denuncias” que se formularon en su contra —y que prevé serán utilizadas con el único objetivo de dañar y desacreditar a ese proyecto político—, tomó “la decisión de dar un paso al costado, priorizando el bienestar y la fortaleza del equipo, así como la defensa del único proyecto político serio y coherente que hoy se presenta como alternativa para la ciudad”.

A Palmasola 

En la víspera, Rojas fue enviada a la cárcel de Palmasola con detención preventiva por 180 días. Es procesada por la presunta comisión de los delitos de asociación delictuosa, confabulación y tráfico de sustancias controladas.

“Ella (acusada) está con una detención preventiva, y cuando mejore su salud tomarán los recaudos necesarios”, informó el miércoles el fiscal del caso, Julio César Porras, al final de la audiencia cautelar. Rojas fue internada en una clínica luego de sufrir una crisis de salud que la obligó a asistir a la audiencia de forma virtual.

El caso por el que es procesada está relacionado con el uso de un pasaporte diplomático para eludir la revisión aduanera de más de 30 maletas, cuyo contenido aún se desconoce. Una línea de la investigación se vincula con un galpón donde operaba una empresa de seguridad, en el que se halló marihuana tras una intervención. El socio propietario de ese recinto es el juez Herbert Zeballos, quien actualmente cumple detención preventiva.