Seis montañas del departamento de La Paz están contaminadas por la minería ilegal, según consultor medioambiental

Seis montañas del departamento de La Paz, entre ellas el Huayna Potosí, el Condoriri, el Illampu, el Ancohuma, el Illimani y el Mururata, se encuentran afectadas por la contaminación provocada por la minería ilegal, denunció el consultor independiente en ingeniería medioambiental Gonzalo Lora.

En las faldas del Huayna Potosí se encuentra el centro minero Milluni. El Condoriri es un nevado ubicado en la Cordillera Real de Bolivia; el Illampu, un nevado conocido como Nevado de Sorata; el Ancohuma, también ubicado en la población de Sorata; el Illimani, una montaña nevada perteneciente también a la Cordillera Real; y el Mururata, ubicado en la Cordillera Central de los Andes.

"La contaminación empieza en la zona alta de la montaña, empieza en Milluni, en el Condoriri, en el Illampu, en el Ancohuma, en toda esta región de Sorata también, en el Illimani, en el Mururuta”, reveló Lora en una entrevista con Visión 360.

La contaminación minera no solo es causada por la explotación aurífera; también está en el complejo metálico de recuperación, que se encuentra en Viacha, donde se procesan metales con cianuro. “En Viacha están contaminando los ríos de ese municipio, porque todos los desechos mineralógicos drenan hacia el lago menor, al Titicaca, la bahía de Cohana y a la parte de Chajasivi”, precisó.

Además, “se tiene la contaminación de todas las alcantarillas de El Alto, Laja, Pucarani, Puerto Suárez, Huatajata, Pucarani, alrededor de 24 municipios que descargan sus alcantarillas al lago Titicaca, a través de los ríos, y esa contaminación empieza por la minería”, afirmó.

La presencia de actividades mineras en cinco ríos del municipio de La Paz, entre ellos el Choqueyapu, Orkojahuira, Irpavi, Karpani y el Kallapa, además del embalse de Hampaturi, fue considerada como una alerta más por Lora, quien evaluó los riesgos medioambientales provocados por la actividad minera ilegal en el departamento de La Paz.

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Advirtió que, a consecuencia de la actividad minera, entre otras actividades, se prevé un incremento de entre cuatro y seis grados en la temperatura hacia finales de siglo. Esto representa una evaporación de 2.600 milímetros, es decir que más de dos metros y medio de agua del lago Titicaca se evaporarán. En la actualidad, se evaporan aproximadamente dos metros.

Eso significa que la evaporación de agua se incrementará en al menos un 30% y que ese fenómeno afectará directamente a los glaciares, advirtió.

Hay minería en todos los Andes bolivianos

Lora sostuvo que en todas las montañas de La Paz hay presencia de mineros, quienes además se encuentran cerca de los reservorios de agua potable. “Están al lado de Milluni”, “están al lado de Hampaturi”.

Por lo tanto, aseguró que “están contaminando el agua con drenaje ácido de mina, con metales pesados, con mercurio, cadmio, plomo y cobre”. Además, señaló que “desde satélite se puede ver la Laguna de Milluni, al lado del reservorio más grande de agua potable del altiplano, que está lleno de mineros”.

Consideró que, si bien no es novedad que exista actividad minera en las montañas, debido a que la tierra es rica en minerales y que esta práctica forma parte de la cultura andina desde hace siglos, los ancestros no generaban el impacto que produce actualmente la minería.

“Si bien se dice que es una Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), pero cuando uno evidencia realmente lo que está pasando vemos que tiene maquinaria, que tiene tractores, que tiene grandes inversiones, y que las cooperativas de oro mueven miles de millones de dólares”, afirmó.

El poder económico y político de los cooperativistas

Lora cuestionó el poder económico que tienen los cooperativistas mineros, además del poder político que, según afirmó, les permite influir en la designación de ministros, viceministros, diputados y senadores, debido a los recursos que poseen.

“Son impunes ante la ley, no cumplen normativas, están contaminando plantas de agua, están degradando nuestros glaciares, y los impactos ya se están sintiendo y van a presentarse en el corto plazo”, afirmó.

Como ejemplo, recordó que Bolivia facturó aproximadamente 3.000 millones de dólares por la exportación de oro en 2022. De ese total, el 95% habría ido a las cooperativas mineras que explotan oro, extremo que, según señaló, muestra que la mayor fuente de riqueza del país está en manos de un sector minoritario.

Afirmó que el país enfrenta una situación en la que, si el Estado no asume seriamente su rol fiscalizador y de control de las actividades mineras, esto “nos va a cobrar muy caro en el futuro inmediato”.

“No estoy hablando de 15 o 20 años, porque se está afectando seriamente nuestros reservorios de agua, afectando seriamente nuestros glaciares; por lo tanto, la oferta y la disponibilidad de agua para consumo, riego, la industria y todas las actividades, inclusive la minería, están en riesgo”, advirtió.

Lora informó que el crecimiento de las cooperativas es significativo en el país: en 1960 había 14 cooperativas mineras; en 1970 pasaron a 67; en 1980 a 144; en 1990 eran 559; en 2000 sumaban 707; y en 2021 superan las 2.400 cooperativas.

“Entonces, el valor bruto que se ha generado en miles de millones de dólares está entre los 2.000 y los 3.000 millones de dólares que maneja el sector cooperativista del oro, y tienen como 135.500 asociados. Entonces, estamos hablando de que menos del 1,2% de la población boliviana está siendo beneficiada con 3.000 millones de dólares, dejando un saldo ridículo de pago de regalías”, cuestionó.

Consultado sobre las acciones de los gobiernos que estuvieron en funciones durante este tiempo, sostuvo que “en los últimos 50 años han sido cómplices de los mineros, de las mafias mineras”.

Fundamentó su afirmación en estudios realizados por su persona, que establecen que son grupos que manejan “muchas actividades ilegales asociadas a la minería”, como el tráfico de personas, la prostitución, el esclavismo y el trabajo infantil, delitos que, según indicó, fueron detectados en Bolivia, Ecuador y Perú. Sin embargo, afirmó que estas prácticas son invisibilizadas debido al poder económico del sector.

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Ley de Medioambiente es obsoleta

Para el consultor en temas medioambientales, la Ley 1333 es obsoleta. “La Ley de Medioambiente es una norma basada en el desarrollo sostenible, con una estructura que no ha cambiado desde 1992, año en que fue aprobada. Han pasado 30 años y la situación simplemente no ha mejorado, porque la Ley 1333 es simplemente un trámite”.

“Los trámites de licencia ambiental es lo único que deja la ley y, en la práctica, el territorio sigue sufriendo, sigue estando afectado, porque los informes aguantan cualquier cosa. Yo he trabajado en el Ministerio de Medio Ambiente varios años y era un pecado castigable con destitución frenar un proyecto minero”, explicó.

Ante este panorama, considerado desolador, el consultor sugirió iniciar un debate para cuestionar las asimetrías estructurales y económicas. Asimismo, planteó que la población debe organizarse frente a esta situación.