Redes de intermediarios, comercializadoras e ingenios mineros ilegales procesan y venden minerales entregados por los jucus

Redes de intermediarios, comercializadoras e ingenios que operan al margen de la ley son los responsables del procesamiento y la venta de los minerales, cuyo origen es el robo, ejecutado por el juqueo, sobre todo en los departamentos de Potosí y Oruro, según el investigador Alfredo Zaconeta.

Esta práctica ilegal fomenta un mercado ilícito que opera sin regulación, tributación ni control ambiental, advierte en la investigación “Presencia e incidencia de la minera ilegal en Bolivia”, publicada en enero de 2026 por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung.

La existencia de este flujo de mineral no declarado distorsiona los precios del mercado, genera competencia desleal para las empresas y cooperativas formalmente constituidas, y priva al Estado de ingresos sustanciales derivados de regalías mineras e impuestos, lo que compromete la viabilidad económica de las compañías formales y despoja a los diferentes niveles de gobierno de recursos significativos, advierte.

El robo de mineral, conocido como juqueo, ocasiona pérdidas considerables para las empresas estatales y las cooperativas legalmente establecidas. Estas pérdidas se traducen en una reducción del volumen y valor de la producción, lo que a su vez menoscaba la rentabilidad y restringe la capacidad de inversión en nuevas tecnologías y proyectos, sostiene la investigación.

Según el investigador, el juqueo es una forma particular y estructural de la ilegalidad en la minería del occidente boliviano, actividad que se define como la “sustracción sistemática de mineral de operaciones formales”. Entre ellas menciona a las empresas estatales, como la Empresa Minera Huanuni y la Empresa Minera Colquiri, así como al sector privado, como el Grupo Minero Porco, que está bajo la administración de la Sociedad Minera Illapa.

Sin embargo, según denuncias reportadas en esta gestión, los ataques de los jucus también se registran en el Cerro Rico de Potosí y en otras empresas de propiedad de cooperativas mineras, y pequeños ingenios de propiedad de habitantes de comunidades originarias del departamento de Potosí.

Competencia desleal de la minería ilegal es exacerbada por el juqueo

Según Zaconeta, una de las consecuencias de la coexistencia de la minería formal e ilegal, exacerbada por el juqueo, es que genera competencia desleal, porque mientras los operadores legales asumen costos regulatorios, tributarios y ambientales, los actores informales evaden esas obligaciones.

Como resultado, “pueden ofrecer el mineral a un precio inferior”. Esta situación debilita la posición económica de las empresas legalmente constituidas y desincentiva tanto la formalización como la inversión en el sector, generando una distorsión en el mercado minero nacional”, advierte.

Esta actividad ilícita socava la base impositiva en las áreas de explotación minera, afectando negativamente gravámenes fundamentales como la Regalía Minera y el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE).

Al no transitar el mineral por los canales regulados, sostiene, se interrumpe la recaudación de dichos impuestos, lo que restringe la capacidad del Estado para capitalizar los períodos de precios internacionales elevados y destinar recursos a soluciones que aborden las causas estructurales de la ilegalidad.

Por otra parte, el investigador advierte que el juqueo genera un ambiente de inseguridad extremo, que “eleva la percepción de riesgo en la actividad minera, obstaculizando la modernización tecnológica y la atracción de nuevas inversiones”.

La incertidumbre sobre el resguardo efectivo de la producción afecta tanto el crecimiento local como nacional, perpetuando condiciones de estancamiento económico en zonas tradicionalmente dependientes de la minería, sostiene.

Además del impacto directo en la economía formal y las arcas estatales, la minería ilegal de estaño produce externalidades negativas como violencia, conflictos sociales e inseguridad. “Estos fenómenos incrementan los costos de seguridad pública y desestabilizan el orden social en los municipios mineros, menoscabando así las condiciones mínimas necesarias para establecer bases de desarrollo sostenible”.

El juqueo, una práctica de sobrevivencia

Aunque el juqueo es considerado un delito, que se castiga con penas de uno a 10 años de prisión, establecido en la Ley 1093, a la fecha no se conoce una sentencia contra quienes se dedican al robo de minerales, y los dirigentes de los cooperativistas consideran que el Ministerio Público no realiza de forma adecuada su trabajo, lo que permite que estas personas no reciban una sanción legal.

Para Zaconeta, el juqueo ha exhibido una presencia históricamente significativa en distritos como Huanuni, Oruro, o en Llallagua, Potosí, en un contexto enraizado en condiciones socioeconómicas de desempleo y marginalidad. “Esta actividad ilícita se ha consolidado como un medio de subsistencia para numerosos individuos que descartan la migración como alternativa”, afirma.

Esta práctica no solo afecta la economía minera y estatal, sino que también desencadena conflictos sociales y violencia recurrentes. Los enfrentamientos entre bandas que se dedican al robo de mineral y personal de seguridad son comunes, llegando en ocasiones a fatalidades. "Esta violencia refleja la incapacidad estatal para ejercer un control efectivo sobre sus recursos y territorio, propiciando un ambiente de inseguridad y crimen organizado que deteriora la imagen del sector minero boliviano a nivel nacional e internacional", asegura.

Desde una perspectiva sociológica, Zaconeta considera que el juqueo se asocia a una problemática estructural de desempleo y marginación en las comunidades mineras tradicionales. En este contexto: “Los jóvenes que carecen de oportunidades de empleo formal recurren a esta actividad, la cual es intrínsecamente riesgosa y legalmente proscrita; además, el ejercicio de dicha actividad implica peligros sanitarios significativos, derivados de la exposición a gases tóxicos y del riesgo inherente de accidentes en las explotaciones mineras”.

Organizaciones y autoridades locales denuncian un abandono estatal que perpetúa esta situación. Esta presión obligó al viceministro de Política Minera, Regulación y Fiscalización, Marcelo Ballesteros, a reconocer que la falta de trabajo es un factor determinante en la persistencia del fenómeno.

A este contexto se han insertado también “mafias criminales”, especialmente en el norte potosino, donde la minería ilegal está vinculada a redes delictivas que controlan rutas, intermediarios y ventas ilícitas, consolidando un entramado complejo que desafía el aparato legislativo y de control.

En respuesta, “solo se han implementado reformas legales punitivas orientadas a sancionar el robo y comercialización ilegal de minerales, así como esfuerzos de control y vigilancia reforzados”, aunque la efectividad de estas medidas sigue siendo limitada ante la magnitud y arraigo del problema, que conlleva otros factores sociales.

La minería ilegal de estaño, en particular la práctica conocida como juqueo, constituye uno de los desafíos más significativos para la sostenibilidad económica y fiscal del sector minero boliviano. Su impacto trasciende la mera pérdida de recursos minerales, afectando estructuralmente el tejido económico, social e institucional de las regiones mineras del país.

Huanuni, una de las más afectadas por el robo y comercialización ilegal

Según la publicación, una de las empresas afectadas por esa práctica es la Empresa Minera Huanuni, principal generadora de valor del estaño en el departamento de Oruro, que experimenta quebrantos que comprometen su viabilidad operativa.

La comercialización del estaño sustraído se efectúa a través de redes ilícitas que eluden cualquier control o tributación. Este “mercado negro” priva al Estado boliviano, en sus niveles departamentales y municipales, de fondos esenciales provenientes de regalías mineras, impuestos y otros gravámenes asociados a la explotación formal.

“Si la totalidad de la producción fuera declarada y gravada conforme a la legislación, los ingresos fiscales podrían incrementarse sustancialmente. En consecuencia, la evasión fiscal repercute directamente en la capacidad del Estado para financiar políticas públicas y fomentar la reinversión productiva”, sostiene.