Delincuencia
Comandante de la Policía y Fiscal General dan versiones diferentes sobre el presunto robo a una casa de Marset
La Policía Boliviana y el Ministerio Público tienen dos versiones sobre lo sucedido el pasado 14 de marzo, cuando se denunció que una casa vinculada con el narcotraficante Sebastián Marset, que se encontraba precintada, había sido presuntamente saqueada por personal de la Policía.
La información fue difundida por algunos medios de comunicación, que dieron cuenta de que una de las casas de propiedad de Marset, que estaba precintada tras su captura, habría sido víctima de un robo por parte de los efectivos policiales encargados de su custodia.
Ante esa versión, surgieron voces de dirigentes políticos que pidieron una investigación para dar con los presuntos responsables de lo sucedido, y el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, consideró que detrás de esas denuncias había la intención de empañar los resultados del operativo realizado.
El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, salió a aclarar lo sucedido y argumentó que la fiscal asignada al caso no ordenó la custodia del inmueble que fue saqueado, además de rechazar la posibilidad de que los efectivos que participaron en el operativo estén involucrados en un robo.
Según la versión que brindó, una fiscal instruyó a efectivos policiales trasladarse a otro operativo y no dejó custodia en la quinta, que luego fue saqueada. El jefe policial aseguró que los uniformados no estaban involucrados en el presunto robo a ese domicilio vinculado con Marset.
Sokol explicó que este mes la Policía acudió a una quinta en Santa Cruz donde debía intervenir; sin embargo, aseguró que una fiscal instruyó que no se ingrese al inmueble, ordenó que se precinte y “no hizo el requerimiento para que se deje personal de custodia”.
Agregó que, de hecho, la fiscal ordenó que el personal policial se retire a otro lugar, a una distancia de cuatro horas, para realizar otro operativo. “Tenemos entendido que, en ese interín, otras personas inescrupulosas llegaron a este lugar y saquearon”, sostuvo.
Sin embargo, afirmó que ya se tenía identificado el lugar donde fueron trasladados los objetos robados y que se prevé que en las próximas horas se identifique a los responsables. Además, aclaró que en todos los allanamientos vinculados a Marset se contó con la participación del Ministerio Público y de notarios.
El precintado fue por un caso de incumplimiento de asistencia familiar
Entretanto, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, en conferencia de prensa, se refirió al tema. Dijo que el inmueble que “está en el limbo”, debido a que se habrían perdido cosas, fue precintado por la fiscal a solicitud del policía asignado a la investigación de un caso de incumplimiento de asistencia familiar, que no tiene relación con el caso Marset.
Explicó que dicho precintado, conforme consta en el informe y el muestrario fotográfico, se realizó el sábado 14 de marzo de 2026 en el marco de una coordinación de una investigación aislada, que no tenía relación con las investigaciones que se realizan en el caso de Sebastián Marset.
“Hago la aclaración para que aquí se sepa que ha habido una coordinación dentro de un caso aislado, que no tenía nada que ver con los casos del señor Marset: entre un policía asignado al caso, la escena del crimen y la fiscal asignada al caso que ve los delitos de armas”, precisó.
Dijo que hacía estas precisiones debido a las versiones que se difundieron sobre la participación del Ministerio Público, a través de una fiscal, como lo manifestó la alta autoridad de la Policía Boliviana.
Sin embargo, aclaró que el precintado del inmueble se dio como consecuencia de una investigación iniciada el 21 de febrero de 2026, conforme se puede demostrar por los elementos e indicios que constan en el cuaderno de investigación.
Se trata de una investigación iniciada contra una persona que contaba con un mandamiento de apremio, emergente de una denuncia por incumplimiento de asistencia familiar.
Un policía del Batallón de Seguridad Física, dependiente de la Policía Boliviana, dio cumplimiento a dicho mandamiento, que estaba dirigido contra el señor Rafael Quispe Hurtado, por una deuda de 34 mil bolivianos por el no pago de asistencia familiar.
Se dio cumplimiento a este mandamiento y, en la requisa al domicilio del investigado, se encontró un arma 9 mm (…), por lo cual fue remitido al Ministerio Público y procesado por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego, precisó.
A raíz de ese hecho, Quispe fue imputado por el ilícito de portación de armas, como lo dispone la Ley 400, y el juez cautelar ordenó su detención preventiva.
Mariaca explicó que, en el seguimiento de la investigación por parte de la fiscal asignada al caso y del policía investigador, se identificó un domicilio como consecuencia de la georreferenciación realizada al teléfono del imputado, antes de la captura de Marset, según consta en un informe recibido el 12 de marzo por la fiscal asignada a este caso.
El informe señala que Quispe, imputado por el delito de incumplimiento de asistencia familiar, hizo uso del arma de fuego en el interior del inmueble y, debido a esa situación, se realizaron tareas de investigación y rastreo, donde se registraron imágenes y videos ubicados en la avenida Mapaizo, doble vía a La Guardia, kilómetro 9, en la casa N° 1050, el 23 de diciembre. Se trata del mismo inmueble del que hoy se habla, el cual también está vinculado al caso denominado Marset.
El investigador asignado al caso solicitó el precintado del inmueble mediante memorial, requerimiento e informe el pasado 12 de marzo, y la fiscal dio curso a dicha solicitud del suboficial asignado, procediendo al precintado del inmueble, puntualizó Mariaca.