Empleo
Mientras Paz observa que la COB perdió representatividad, la FSTMB lo acusa de fomentar la informalidad laboral
Mientras el presidente del Estado, Rodrigo Paz, consideró que la Central Obrera Boliviana (COB) perdió representatividad debido a la informalidad laboral, que supera al empleo formal, el secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Andrés Paye, lo acusó de fomentar la informalidad.
Este cruce de afirmaciones se da en un escenario en el que la COB espera que pase el plazo legal de 10 días para que el Gobierno convoque al diálogo sobre el pliego petitorio de la gestión 2026.
La organización matriz de los trabajadores hizo la entrega formal del pliego petitorio el pasado 30 de marzo y está a la espera de una convocatoria formal para iniciar las negociaciones.
Paz se refirió a la representatividad de la organización laboral, aludiendo a que, según datos oficiales, el país registra una de las tasas de informalidad laboral más altas del mundo. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el empleo informal alcanzó el 85% en el año 2025 y afecta principalmente a mujeres y jóvenes.
El primer mandatario consideró que, debido a esa situación, la COB sufre una pérdida significativa de representatividad, ya que la informalidad laboral supera al mercado laboral formal, lo que pone en duda su representatividad.
Desde su punto de vista, hay una reducción de la influencia real de la organización laboral, por lo que exhortó a los dirigentes a una reflexión interna y a trabajar por la reactivación económica del país, más que en la defensa de su pliego.
La respuesta a esas críticas llegó desde la FSTMB, que agrupa a los trabajadores mineros de empresas estatales y privadas. Paye informó que la COB ratifica la demanda de incremento salarial del 20%, debido a la inflación, el alza de precios de la canasta familiar y el incremento de la pobreza en el país.
Dijo que la dirigencia sindical se encuentra estructurando las diferentes comisiones que trabajarán con el Gobierno para dar respuesta a las demandas laborales, según Radio Compañera.
Luego se refirió a las declaraciones del primer mandatario sobre la situación en la que se halla la organización laboral.
Explicó que el Gobierno no hizo nada para crear nuevas fuentes de trabajo: “No han hecho nada por fortalecer y generar empleos, trabajos de verdad, están diciendo que van a fomentar la informalidad, el desempleo, esto es lo que están diciendo”, afirmó.
Por el contrario, dijo que el Gobierno debería buscar mejores opciones para la fuerza laboral del país, plantear mejores condiciones de trabajo para hacer crecer las fuentes de empleo, cumpliendo con las responsabilidades del empleador y los deberes del trabajador.
Paye afirmó además que: “Es el Estado mismo el que incumple los derechos laborales; así de claro, y cualquier politiquero que me venga a discutir, yo le demuestro con datos que el Estado es el primer infractor de los derechos laborales”.
Denunció que en las empresas estatales no se permite que los trabajadores se reúnan; cuando quieren reclamar algo, no les dejan salir, restringiendo su derecho a la organización. Además, señaló que no se les paga por las horas trabajadas; en algunos casos, estas superan las 12 horas, y que se les obliga a marchar en defensa del Gobierno.
Paye consideró que a nadie le gusta que le rebajen su salario, como cuando se ha planteado la rebaja del salario del presidente, de los diputados y senadores, y de las rentas vitalicias de los expresidentes, como el padre del presidente, Jaime Paz.
Sin embargo, señaló que cuando los trabajadores reclaman mejores condiciones de trabajo, la respuesta es que se afectará la economía del país, lo cual rechazan.
En ese escenario de debate, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) emitió un comunicado en el que expresó su rechazo a la demanda de la COB de un incremento del 20%.
Los empresarios manifestaron que el artículo 21 del Decreto Supremo 5516 establece la negociación salarial entre trabajadores y empleadores de manera individual y colectiva.
“Por lo tanto, cualquier intento de imponer porcentajes de incremento al haber básico es considerado incongruente, ilegal e inaceptable”, advierte el comunicado. Además, señalan que “las normas nacionales e internacionales solo establecen la posibilidad de que el Gobierno determine el salario mínimo nacional”.
“Esta medida ya fue implementada por el decreto señalado, que lo incrementó en 20% y, pese a su desproporción, imposición unilateral y grave afectación a la economía de las empresas, está siendo cumplida por todos los sectores”, afirma.
Sostiene que estos acuerdos deben respetar los derechos de los trabajadores, pero también considerar la situación económica de las empresas, los niveles de productividad, las diferencias entre sectores y regiones, la necesidad de mantener las fuentes de trabajo y la capacidad real de sostener incrementos sin poner en riesgo la estabilidad empresarial.
También advierte que, en el actual contexto económico, caracterizado por serias restricciones y desafíos, la imposición de un nuevo incremento generalizado puede generar efectos como cierre de unidades productivas, especialmente medianas y pequeñas, pérdida de empleos, reducción de contrataciones, presiones inflacionarias y, en consecuencia, disminución del poder adquisitivo de la población.
Finalmente, la CEPB señala que esto afecta los esfuerzos para reactivar la economía y retomar una senda de crecimiento sostenible.