Contra viento y marea
La normalización de la tragedia
En Bolivia, salir a las carreteras o a las tortuosas calles de La Paz se ha convertido en un acto de fe. Lo que debería ser un trayecto cotidiano entre ciudades o barrios se transforma, con una frecuencia aterradora, en el escenario de una tragedia anunciada. No se trata simplemente de "mala suerte" o de la voluntad del destino; los miles de siniestros que tiñen de luto al país cada año son el síntoma de un sistema colapsado.
Desde el rugido de motores obsoletos que superan las cinco décadas, hasta el silencio cómplice de inspecciones técnicas que no son nada más que un holograma en el parabrisas, la seguridad vial en Bolivia es una asignatura pendiente que se paga con vidas. Mientras la imprudencia al volante y el consumo de alcohol sigan encontrando refugio en rutas precarias, calles empinadas, peatones que juegan a kamikazes, aceras apropiadas por comerciantes y una educación vial inexistente, nuestras arterias urbanas no serán vías de desarrollo, sino trampas mortales que desangran el futuro de la nación.
A este estado de cosas hay que sumarle una realidad alarmante: gran parte de la flota vehicular de servicio público es, técnicamente, chatarra. Mientras el mundo avanza hacia sistemas de frenado autónomo y estándares de seguridad avanzados, nuestras rutas son dominadas por vehículos que ya cumplieron su ciclo de vida hace décadas. Somos uno de los destinos principales de vehículos de "segunda mano" que llegan vía puertos chilenos. El parque automotor está envejecido; más del 50% de los vehículos tienen más de 20 años. Otro importante porcentaje de pequeños buses chinos, de reciente fabricación, están ya tan destartalados que sus sistemas de seguridad, como los airbags, han dejado de servir, lo que eleva la mortalidad incluso en impactos de moderada violencia.
Cada día, las noticias en Bolivia se repiten: un bus despeñado, un choque frontal o un atropello evitable. No son solo números; son vidas truncadas en rutas que deberían ser seguras. Los siniestros viales en el país no son hechos fortuitos, sino el resultado de una crisis estructural que combina fallas humanas, mecánicas y estatales. Las estadísticas señalan que cerca del 66.89% de los accidentes son causados por negligencia del chofer: la conducción en estado de ebriedad, el exceso de velocidad y el cansancio siguen siendo las causas principales.
La falta de cultura ciudadana y el irrespeto por las normas de tránsito —desde la etapa escolar hasta la obtención de licencias— es otro factor de luto para las familias bolivianas. El sistema vial se maneja entre la imprudencia, el olvido y la negligencia, creando la "tormenta perfecta". A esto se suma que las licencias de conducir no siempre se expiden bajo estándares internacionales que garanticen una capacitación adecuada. Además, el factor técnico es crítico: aproximadamente el 52% del parque automotor de servicio público es chatarra rodante que, sin embargo, siempre pasa las inspecciones técnicas. Estas se han convertido en un simple trámite recaudatorio más que en una revisión mecánica rigurosa.
Necesitamos pasar de las campañas temporales a políticas de Estado: renovación real del parque automotor, control estricto de carreteras y educación vial obligatoria. La seguridad vial no es solo responsabilidad del policía o del chofer; es el derecho de todos a llegar vivos a casa. No es solo la falta de asfalto; nuestras rutas atraviesan geografías extremas cuya peligrosidad podría reducirse con radares reales en los tramos más críticos, para no dejar la seguridad a merced del juicio de choferes muchas veces agotados.
La persistencia de esta crisis no es solo un fracaso social, sino una omisión flagrante del Estado en su deber de proteger la vida. Mientras las autoridades se limiten a emitir reportes estadísticos que confirman el aumento de muertes, la respuesta institucional seguirá siendo superficial.