El tiempo y las urgencias de la justicia

Entre el 21 y 23 de abril, se instaló en Santa Cruz de la Sierra, la ¨1era. Cumbre de Justicia, Democracia y Estado de Derecho¨ organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno, espacio reflexivo en el cual autoridades vinculadas al sistema judicial, representantes de la comunidad universitaria y actores de la sociedad civil, bajo una metodología combinada entre exposiciones y debates, identificaron problemas y definieron propuestas orientadas a mejorar el servicio de administración de justicia.

De las intervenciones tanto del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, como del actual presidente del Consejo de la Magistratura, revalidamos la percepción que tienen expertos como ciudadanos de a pie, sobre una justicia desigual, con altos niveles de retardación, corrupción, y elevada mora procesal que debilitan el entramado social, la seguridad jurídica, ahuyenta inversiones, revictimiza en materia penal o castiga a inocentes con detenciones prolongadas. El representante del concejo de la magistratura, relata que combaten la corrupción judicial en condiciones adversas. Señala que pese a lograr suspender y destituir algunos jueces, la impunidad se vale con frecuencia de artilugios legales, u otras chicanas que impiden destituir o disciplinar a juzgadores, acostumbrados al juego del gato y el ratón.

Queda nuevamente claro y registrado en el evento, que con el magro presupuesto que se asigna al Órgano Judicial de nuestro país (0,35% del PGE), es poco menos que imposible modernizar y actualizar tecnológicamente el servicio judicial, crear más juzgados, o construir casas judiciales en lugares alejados, para garantizar el acceso a la justicia. La autonomía presupuestaria que consagra al órgano judicial el artículo 178.II.2 de la CPE termina siendo un engaño, puesto que el escaso presupuesto, es tutelado por el órgano ejecutivo y con ello, termina siendo una palanca de presión y violación a la independencia judicial.

Comparativamente, Bolivia es de lejos el país que menos recursos asigna a su órgano judicial. En el extremo por ejemplo se encuentra Costa Rica, cuya constitución en su artículo 177, establece que el presupuesto del Poder Judicial no podrá ser inferior al seis por ciento (6%). Pero existen otros datos magros que ya fueron explorados y difundidos por entes internacionales como el alto comisionado de las Naciones Unidas, la Fundación Human Right, y últimamente la fundación internacional World Justice Proyect (WJP), los cuales nos exponen a una especie de ¨condena internacional¨ por las deficiencias de nuestro sistema judicial. Entre otras cosas, se conoce que casi el 50% de los municipios del país, no cuentan con una autoridad judicial, (un millón y medio de personas, excluidas de la administración de justicia). Actualmente, existen 1300 jueces incluidos los disciplinarios, y para igualarnos a la media regional deberíamos tener mínimo 2000 jueces.

Otro mal crónico vinculado con el punto anterior, es la carga procesal asignada, puesto que hay jueces en materia civil que atienden entre 1500 o 2000 causas al año, y casi el doble para jueces en materia penal. Esa alta carga procesal tiene distintas causas, entre una de ellas, la errada concepción pleitista que tenemos y la creencia de que todo se arregla con abogados, policías y jueces. Cabalmente una las ponencias de la cumbre judicial, estuvo referida a la necesidad de fortalecer los mecanismos alternativos de resolución de conflictos que permitiría descongestionar juzgados, y sedes policiales. Para ello, una de las propuestas planteadas en la cumbre, es la de modificar la ley 707, otorgando facultades más efectivas de cierre a las actas conciliatorias extrajudiciales, para zanjar conflictos.

La 1era. Cumbre de Justicia, publicará sus memorias con ponencias, propuestas o recomendaciones, sobre la independencia judicial; la aplicación efectiva del debido proceso; modificaciones a la selección y elección de magistrados; prohibición absoluta de la reelección; recuperación del guardián de la constitución; reforma de la justicia desde las aulas universitarias; además de un estudio de percepción ciudadana sobre la justicia efectuado en los 15 distritos de la ciudad de Santa Cruz, entre otros.

Bajo las premisas de que, sin independencia, probidad, respeto a los derechos y acceso oportuno a la justicia, no existen renovación y confianza en la justicia, nos llevan a concluir que el grito de Bolivia, Bolivia, Bolivia debe llegar también a priorizar las reformas para fortalecer la administración de justicia, y con ello facilitar el desarrollo social y económico, y fortalecimiento de nuestra democracia.  

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360