El corporativismo contra la Nación

El "Estado corporativo" se cimentó sobre la idea de que la representación política no pasaba por el individuo o el ciudadano, sino por el grupo: el sindicato, la central obrera, la cámara empresarial o el gremio. En este esquema, el Estado no dialoga con la ciudadanía, sino que negocia con corporaciones que capturan parcelas de poder para beneficio sectorial. Este modelo, si bien otorgó cierta estabilidad y control social en el siglo XX, terminó por asfixiar el espacio público, subordinando el interés general a la presión de grupos específicos. Sesenta años después, esa lógica sigue operando, impidiendo que la democracia evolucione hacia un sistema de derechos universales donde el ciudadano sea el eje central, sin mediaciones clientelares.

 

Por otro lado, el "Estado rentista" ha sido el correlato económico necesario de ese corporativismo. Bolivia ha vivido ciclos de ilusión extractivista, desde el estaño hasta el gas y ahora las expectativas puestas en el litio, que han generado una dependencia estructural de los precios internacionales de las materias primas. El rentismo no solo distorsiona la economía al desincentivar la innovación y la competitividad, sino que corroe la cultura política. El Estado se percibe como un botín de distribución de excedentes en lugar de un facilitador de la producción. El desafío actual es la creación de un "Estado por, de y para los ciudadanos", una noción que resuena con la tradición republicana más pura pero que requiere una base material moderna, vale decir una economía diversificada de base ancha.

 

Esto implica un salto cualitativo hacia lo que algunos teóricos llaman la "democracia de ciudadanos" frente a la "democracia de sectores". Para lograrlo, Bolivia debe aprovechar sus ventajas comparativas, no solo en recursos naturales, sino en su ubicación geopolítica estratégica, su biodiversidad y su capital humano emergente, para insertarse en las corrientes de la economía del conocimiento y la sostenibilidad. Se trata de pasar de una economía de enclave a una economía de red, donde la seguridad jurídica y la libertad de emprendimiento sean los pilares que sostengan esa democracia moderna.

Este cambio de paradigma debe entenderse como el paso de una visión "mecánica" y estática del Estado (donde las piezas se mueven por presión y choque de fuerzas corporativas) a una visión "dinámica y de red" (donde la interacción ciudadana genera realidades emergentes más complejas y eficientes).

 

Lo que impide avanzar en ese sentido es una dualidad que es el nudo gordiano de la realidad boliviana actual. Existe una "ventana de oportunidad" y, al mismo tiempo, una resistencia estructural feroz que nos sitúa en un escenario de equilibrio inestable, donde la dirección que tome el país dependerá de la capacidad estratégica para gestionar esa tensión. Desde una perspectiva sociológica profunda, estamos ante una contradicción entre la necesidad funcional del sistema y su inercia histórica.

 

La oportunidad no surge únicamente de una voluntad política, sino del agotamiento material. El "Estado Rentista" funciona mientras hay renta que distribuir. Cuando los excedentes de las materias primas disminuyen o el modelo extractivo llega a sus límites físicos y financieros, el pacto corporativo comienza a resquebrajarse.

 

Las nuevas generaciones y los sectores urbanos emergentes ya no se sienten representados por las viejas estructuras gremiales o sindicales. Aquí es donde aparece la posibilidad de un "Estado para los ciudadanos". La demanda de servicios públicos eficientes, seguridad jurídica y libertad económica empieza a superar a la demanda de prebendas sectoriales. El éxito de nuevas plataformas políticas sugiere que hay un electorado que busca una modernidad institucional que el corporativismo, por definición, no puede ofrecer.

 

Por otro lado, sesenta años de corporativismo han creado lo que se denomina en ciencia política "path dependency" (dependencia de la trayectoria). Las estructuras corporativas no son solo grupos de presión; son redes de supervivencia económica y de identidad social. Para un dirigente sindical o un operador del sistema rentista, la "modernización del Estado" no suena a progreso, sino a desposesión. Estas estructuras tienen una capacidad de veto enorme. Pueden movilizarse para bloquear reformas, paralizar la economía o desestabilizar gobiernos si sienten que sus privilegios (la renta) están en riesgo. Es la paradoja del prisionero aplicada a la nación. Aunque a todos les convendría un Estado moderno y diversificado, nadie quiere ser el primero en renunciar a su cuota de poder corporativo por temor a quedar fuera del reparto.

Para romper este atavismo, la transición hacia esa economía diversificada de base ancha no puede ser solo un plan técnico, sino que debe ser un nuevo contrato social. No se trata simplemente de quitarle poder a las corporaciones, sino de transferir ese poder al ciudadano mediante el fortalecimiento de la propiedad privada, la educación de calidad y la desburocratización.

 

Si aplicamos un análisis de Sociología Cuántica a este fenómeno, podríamos decir que el sistema boliviano se encuentra en un estado de superposición. Es simultáneamente un Estado que muere (el corporativo-rentista) y un Estado que intenta nacer (el ciudadano-moderno). La "observación", en este caso, la acción política estratégica y la narrativa que se construya es lo que colapsará la función de onda hacia una de las dos realidades.

 

Lamentablemente, las corporaciones ven este proceso como una confrontación total, donde la política abandona la diplomacia del consenso para entrar en una fase de supervivencia existencial. Las corporaciones perciben que el "Estado por, de y para los ciudadanos" no es una reforma administrativa, sino el fin de su hegemonía sobre la renta y el poder social. De allí que la respuesta no es la negociación, sino la movilización defensiva radical. Desde la teoría del conflicto, esta "guerra a muerte" sugiere que el sistema ha llegado a un punto de ruptura sistémica. En este escenario, la gradualidad es interpretada por el adversario como debilidad, y cada concesión se utiliza para fortalecer la trinchera corporativa. El "vencer o morir" de estas estructuras es comprensible desde su lógica. Un Estado moderno basado en méritos, ciudadanía y una economía diversificada de base ancha vacía de contenido la función del intermediario corporativo.

 

El "Estado rentista" ha generado una cultura donde el control de las instituciones es equivalente a la propiedad de los recursos. Las corporaciones (sindicales, gremiales o políticas) han operado durante décadas bajo la premisa de que el Estado les "pertenece" en una cuota parte. Ante un gobierno que intenta devolverle el Estado al ciudadano, estas estructuras reaccionan con lo que el sociólogo Mancur Olson llamaba "grupos distributivos": coaliciones estables que prefieren una porción más grande de un pastel que se achica, antes que permitir reformas que agranden el pastel, pero diluyan su control.

Ahora bien, dicho esto y si la gradualidad ya no es una opción, el gobierno actual se ve obligado a aplicar una suerte de "destrucción creativa" en el ámbito institucional. Esto implica que para que el nuevo Estado nazca, el viejo entramado corporativo debe ser desmantelado con la misma contundencia con la que ellos atacan. Aquí es donde la política se vuelve estratégica en un sentido puro. Es necesario identificar el centro de gravedad del poder corporativo, que suele ser el flujo de caja de la renta, y cortarlo quirúrgicamente. Sin renta que distribuir, la cohesión corporativa tiende a evaporarse, pues su lealtad no es ideológica, sino pragmática.

 

Si las corporaciones son el ejército del viejo régimen, el gobierno necesita un "ejército" propio, que no puede ser otro que la ciudadanía organizada. Pero no organizada a la manera antigua (en gremios), sino a través de una identidad ciudadana empoderada que entienda que los bloqueos y el sabotaje corporativo no son contra el gobierno, sino contra su propio futuro y su derecho a una economía moderna. En términos de Sociología Cuántica, esto requiere un cambio en la narrativa para que el "observador" (la sociedad) deje de ver el conflicto como una pugna entre facciones de poder y lo vea como la lucha por el colapso definitivo de un modelo caduco.

 

La diversificación económica deja de ser un objetivo a largo plazo para convertirse en una herramienta de guerra inmediata. Al fomentar sectores que no dependen del Estado (tecnología, servicios globales, agroindustria competitiva, turismo), el gobierno crea aliados naturales que tienen un interés vital en la estabilidad y en el fin del corporativismo rentista. Esta nueva "base ancha" es la que puede sostener al gobierno frente al asedio de los sectores tradicionales.

 

Estamos obligados a librar una batalla existencial sin contar con el arsenal completo, simplemente porque el momento histórico no admite más prórrogas. En sociología política, esto se conoce como una situación de ruptura bajo condiciones de asimetría, donde el gobierno tiene la legitimidad de origen y la razón histórica, pero las corporaciones retienen el poder de veto táctico y la capacidad de daño en el territorio. Si el gobierno no tiene esa narrativa de unidad potente para movilizar a la ciudadanía como escudo, se enfrenta a lo que podríamos denominar una "operación de supervivencia por agotamiento". Al no poder ganar por una adhesión emocional masiva de la población, la estrategia se desplaza necesariamente hacia tres frentes de un pragmatismo casi quirúrgico.

 

1) El gobierno debe entender que el sistema corporativo-rentista boliviano tiene un talón de Aquiles. Su dependencia del flujo financiero estatal. Las corporaciones no se mueven por convicción doctrinaria, sino por el control de recursos (subsidios, cargos, licitaciones, peajes, control de mercados). En una guerra a muerte, el arma más eficaz no es el discurso, sino la asfixia administrativa de esos nodos de poder. El paso hacia un "Estado para los ciudadanos" empieza por desintermediar el acceso a los recursos, haciendo que lleguen directamente al individuo y no al dirigente.

 

2) Incluso en el "vencer o morir", las corporaciones no son bloques monolíticos. La falta de una narrativa nacional potente del gobierno puede compensarse con una estrategia de fragmentación. Al atacar los intereses de una corporación específica mientras se mantienen canales de neutralidad con otras, el gobierno evita el "frente único". En términos de física social, se trata de evitar que todas las resistencias entren en fase y generen una resonancia capaz de derribar la estructura estatal.

 

3) Si no hay una narrativa inspiradora previa, la única narrativa posible es la del hecho consumado. Esto implica que el gobierno debe forzar la apertura de la economía diversificada de base ancha mediante decretos y medidas de emergencia que generen beneficios rápidos para sectores no corporativizados (jóvenes profesionales, emprendedores digitales, exportadores medianos). Si el ciudadano ve que, pese al caos de la "guerra" declarada por los gremios, surgen nuevas oportunidades fuera del control de estos, la legitimidad se construye a posteriori.

 

Soy absolutamente consciente de que estamos ante un salto cuántico forzado. No hay un proceso de transición suave (gradualismo), sino una acumulación de energía política que debe romper la barrera del potencial para alcanzar un nuevo estado orbital. El riesgo es que, si el salto no tiene suficiente energía, el sistema colapse hacia un estado de desorden mayor o anomia social. Estamos ante el escenario más descarnado de la política, el de la necesidad sin capacidad. Nos encontramos en un callejón sin salida, empujado por la historia a una batalla final para la que sus instrumentos, la burocracia que intenta dirigir y la narrativa que no logra articular, resultan insuficientes.

 

Desde una profundidad académica, esta situación nos remite a la advertencia de Max Weber sobre la "jaula de hierro" de la burocracia. El riesgo es que el gobierno sea devorado por el mismo monstruo que intenta reformar. Si el aparato estatal está colonizado por el pensamiento y las prácticas del "Estado corporativo-rentista", cualquier orden de cambio se diluye, se distorsiona o se sabotea antes de llegar a la realidad. Es como intentar pilotar un avión donde los mandos han sido desconectados por la propia tripulación.

 

Nuestro gran desafío es evitar el colapso del sistema por decoherencia. Cuando el observador (el gobierno) no tiene la fuerza suficiente para mantener la coherencia del nuevo estado que desea crear (el Estado de ciudadanos), el entorno (las corporaciones y la inercia burocrática) termina por imponer su propia realidad caótica y preexistente.

 

Es la hora de la verdad.

* La opinión expresada en este artículo es de exclusiva responsabilidad del autor y no representa una posición oficial de Visión 360.