Ley 1720
Estos son los 4 ejes que resumen la plataforma de demandas entregada por los marchistas al Presidente
Malkya Tudela para Sumando Voces
La marcha campesina indígena ingresó hoy a la ciudad de La Paz para exigir la abrogación de la Ley 1720, norma que permite la reconversión de la pequeña propiedad agraria en mediana propiedad en contrasentido a la Constitución Política del Estado. La movilización, integrada por pueblos indígenas y pequeños productores de los departamentos de Pando y Beni, entregó una plataforma de demandas al gobierno de Rodrigo Paz.
Desde tempranas horas, las y los marchistas iniciaron su recorrido hacia el centro de la ciudad, luego de completar unos 25 días de caminata, enfrentando lluvia, bajas temperaturas y los efectos del mal de altura.
“Este gobierno en ningún momento está gobernando con la Constitución”, dijo Oscar Cardozo, secretario ejecutivo de la Central Campesina Bella Flor en una entrevista de Sumando Voces.
“El gobierno quiere marearnos diciendo que nos van a dar crédito, pero tiene seguro de que no vamos a poder pagar, porque la tierra no produce todos los años al cien por ciento. Ahí va a haber baja a nosotros, y va a hacer que el banco se apodere de nuestras tierras. ¿A dónde va? A que los grandes empresarios se queden con nuestras tierras. Eso va a permitir que nuevamente exista el latifundio”, dijo Cardozo.
En la concentración en puertas de la Federación Sindical de Mineros, los dirigentes de la movilización ratificaron que el objetivo central es la anulación total de la Ley 1720 porque vulnera derechos constitucionales sobre la tierra, facilita su mercantilización y pone en riesgo tanto la pequeña propiedad campesina como a los territorios indígenas colectivos.
Una vez finalizado el mitin, la delegación se dirigió hacia el centro de la ciudad para entregar el pliego petitorio de las organizaciones movilizadas. Faifer Cuajera, secretario ejecutivo de la Federación de Campesinos de Pando, anunció junto a Vivian Palomequi, de la BOCINAB, y Victor Yba, de la CPEM-B, que esperaràn 24 horas a tener una respuesta del gobierno.
Plataforma de demandas
La plataforma de demandas entregada al gobierno tiene 12 puntos que se pueden resumir en los siguientes aspectos:
- Defensa del territorio y la Constitución
La demanda central es la abrogación de la Ley 1720, por ser considerada inconstitucional y aprobada sin consulta previa. Las organizaciones exigen el respeto pleno a la Constitución Política del Estado, la protección de los territorios indígena originarios campesinos y la dotación, titulación y compensación de tierras, especialmente en el departamento del Beni.
- Rechazo a normas regresivas y criminalización de la protesta
Suspensión y archivo de la ley antibloqueos y exige garantías para que cualquier nueva norma —minería, hidrocarburos e inversiones— respete los derechos indígenas y campesinos.
- Protección de los bosques y sistemas de vida amazónicos
La marcha plantea el tratamiento y promulgación de la Ley de Bosques y otros sistemas de vida, como respuesta estructural a la deforestación y los incendios. En paralelo, exige la paralización del Proyecto de Ley 060/25 sobre mercados de carbono, al considerar que promueve la mercantilización de los bosques y territorios indígenas sin consulta previa ni garantías para las comunidades.
- Demandas sociales, económicas y de equidad
Exigen soluciones inmediatas al abastecimiento de combustible de calidad, la dotación de ítems de salud y educación, mejoras en caminos y conectividad para comunidades rurales, y el cumplimiento de la Ley General de la Coca en zonas no autorizadas. Asimismo, plantean la anulación de la renta vitalicia de expresidentes y exvicepresidentes como una medida de justicia y equidad estatal.
En La Paz
La movilización cuenta con una participación activa de pueblos indígenas afiliados a la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM‑B), entre ellos delegaciones del Territorio Indígena Multiétnico (TIM), Territorio Mojeño Ignaciano (TIMI), así como representantes movima, yuracaré y tsimane. En la columna indígena se incluyen familias enteras, con presencia de niñas y niños, lo que ha motivado llamados públicos a garantizar atención en salud, abrigo y condiciones humanitarias adecuadas durante su permanencia en La Paz.
Algunas familias, activistas y distintos colectivos (vendedoras, comideras, etc.) salieron a manifestar su apoyo a los marchistas, de distintas formas, mientras ingresaban a la ciudad.
El gobierno de Rodrigo Paz sostiene que la Ley 1720 tiene el objetivo de facilitar el acceso a créditos productivos para pequeños propietarios mediante la reconversión voluntaria de la tierra. Las organizaciones indígenas y campesinas subrayan que la conversión expone a las familias a procesos de endeudamiento, pérdida de tierras y concentración de la propiedad.