Postura
Ejecutivo deslinda atribuciones para responder a demanda indígena: “No está en manos del Gobierno abrogar una ley”
Ni bien ingresaron al centro de la ciudad de La Paz, los marchistas indígenas y campesinos hicieron llegar este lunes al presidente Rodrigo Paz su demanda central: la abrogación de la ley de conversión de la pequeña propiedad a mediana. Sin embargo, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, deslindó la responsabilidad del Gobierno sobre el tema y recomendó trasladar la petición al Órgano Legislativo.
“No está en manos del Gobierno abrogar una ley. Eso corresponde a la Asamblea; además, la propia norma surgió como una iniciativa legislativa, no del Ejecutivo. No obstante, somos plenamente conscientes de que el tema de la tierra debe discutirse amplia y profundamente en Bolivia”, explicó el ministro ante la protesta instalada en el centro paceño.
Un numeroso grupo de indígenas y campesinos de Beni y Pando ingresó el lunes a la sede de Gobierno tras recorrer más de 100 kilómetros desde las tierras bajas hasta el altiplano. Su principal motivación es la exigencia de abrogar la Ley 1720, que permite la conversión de la pequeña propiedad agraria a mediana, pues aseguran que pone en riesgo sus derechos territoriales.
Aunque su pliego petitorio fue entregado en la ventanilla de correspondencia de la Casa Grande del Pueblo, los marchistas insisten en un diálogo directo con el mandatario. “Nosotros no necesitamos reunirnos con los ministros; necesitamos reunirnos con Rodrigo Paz. Le damos un plazo de 24 horas”, afirmó el dirigente Faifer Cuajera tras dejar el documento.
Durante el recorrido hacia La Paz, una comisión del Gobierno intentó, en al menos tres oportunidades, alcanzar acuerdos con los dirigentes, sin éxito. No obstante, el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, logró un acuerdo en Caranavi con una facción de la marcha proveniente de Pando, que aceptó retornar a sus lugares de origen.
Lupo insistió en que la abrogación que reclaman los marchistas es responsabilidad de la Asamblea Legislativa, aunque consideró que este conflicto debería conducir a un debate nacional sobre la problemática agraria.
“Llevar a cabo una discusión amplia y una cumbre sobre la tierra es parte de la agenda, pero en este momento pedirle al Gobierno que abrogue la ley no es el camino. El Ejecutivo no tiene la facultad legal para hacerlo”, afirmó el ministro la noche del lunes en una entrevista con la Red Uno.
El presidente Paz promulgó la ley cuestionada el pasado 8 de noviembre en un encuentro con agroindustriales cruceños, coincidiendo con el inicio de la marcha. Para intentar despejar las dudas sobre el alcance de la norma, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5613, que reafirma el derecho sobre la pequeña propiedad agraria y dispone la dotación ágil de tierras en Beni y Pando.
Este decreto permitió el acuerdo con una parte de los movilizados en Caranavi; sin embargo, la facción que llegó a La Paz consideró que la medida es insuficiente y mantiene su demanda de abrogación total.
“Debemos conducir este reclamo y esta protesta hacia un diálogo con quienes corresponda: la Asamblea, el Gobierno, las regiones y otros sectores involucrados. Necesitamos una discusión amplia sobre qué se va a hacer y cómo se va a gestionar el tema de tierras en Bolivia”, propuso Lupo y abogó por una visión integral y no sectorial del conflicto.
Los marchistas aseguraron que permanecerán en La Paz hasta que atiendan sus demandas; mientras tanto, pernoctan en ambientes de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y anuncian protestas diarias.