Urbe
Marchas de la COB y otros sectores colapsan La Paz mientras aumentan los pedidos de una solución a través del diálogo
Las marchas de la Central Obrera Boliviana (COB), de los campesinos, de las juntas de vecinos de El Alto y de Palca colapsaron el centro paceño este lunes, ello en medio de pronunciamientos de autoridades, entidades y organizaciones que piden que se entablen las conversaciones para dar solución al conflicto a través del diálogo.
La marcha cobista descendió desde la urbe alteña y bajó por la avenida Naciones Unidas, pasó por el Cementerio y desembocó en el centro de la ciudad. Los movilizados sostuvieron que el Gobierno hizo “enfurecer al pueblo” y cuestionaron la reciente aprobación en el Senado del proyecto que anula la “Ley Copa”.
Esa norma, promulgada en 2020 por la entonces presidenta del Senado, Eva Copa, en su calidad de presidenta en ejercicio de la Asamblea Legislativa, regula la activación y vigencia del estado de excepción. La ley es considerada un "candado" para la aplicación de esta medida en Bolivia.
El Comando Departamental de La Paz advirtió, a través de sus redes, que en las manifestaciones que están en curso por el centro paceño hay movilizados con pasamontañas o cubrebocas. “Asimismo, se ha detectado que portan palos, petardos de alto poder y, posiblemente, dinamita, lo que expone que la marcha podría tornarse violenta”, alertó a la población la institución del orden.
Otro sector que descendió desde El Alto es el de los ponchos rojos, que se concentraron en el Multifuncional, desde donde bajaron al centro de la ciudad de La Paz. Vicente Salazar, dirigente de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Tupac Katari, comentó que afronta ya más de 10 acciones populares interpuestas contra la movilización y también habló de diálogo.
“Hay que ser bien claros, ya tenemos más de 10 audiencias populares y cada día estamos teniendo audiencias, nos estamos defendiendo también (…). Si queremos buscar diálogo, de una vez que comience a pacificar en un tema de paz”, manifestó a la prensa cuando comenzó a bajar la marcha desde la urbe alteña.
Hace dos semanas, el 11 de mayo, Salazar tenía otra postura acerca del diálogo y aseguró que muchos dirigentes se querían “vender”, por lo que manifestó que no era momento de conversaciones. “No es el momento ya de estar negociando ni dialogando”, manifestó en aquella oportunidad.
Otro sector que colapsó el centro paceño es el de los pobladores de Palca, que recorrieron el Prado. También se movilizaron juntas vecinales de la ciudad de El Alto.
Pedidos de diálogo
Mientras se desarrollaban estas movilizaciones, distintas entidades y autoridades expresaron la necesidad de diálogo para que el conflicto se zanje a través de conversaciones. La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) emitió este lunes un comunicado urgente en el que exhorta al Gobierno y a los movilizados a retomar el camino del diálogo.
“Ante la difícil y dolorosa situación que vive nuestro país, como Iglesia hacemos nuevamente un llamado urgente a los sectores en conflicto y a las autoridades de Gobierno a retomar, con sinceridad y responsabilidad, el camino del diálogo y la búsqueda de soluciones concretas”, se lee en el pronunciamiento.
Por otro lado, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, convocó este lunes al Ejecutivo y a los movilizados a “agotar todas las instancias” para consolidar un “gran diálogo” basado en compromisos reales.
“La única manera de llegar a grandes consensos y acuerdos por la patria es esa: convocando a todos a un gran diálogo, pero además asumiendo compromisos que se puedan cumplir por ambas partes”, sostuvo Saucedo en Sucre.
Además, la Defensoría del Pueblo y un grupo de más de 100 organizaciones de la sociedad civil convocaron al Ejecutivo y a los sectores movilizados a instalar un diálogo eficaz y libre de estigmatizaciones. Advirtieron que la ausencia de concertación “puede traer consecuencias incalculables”.
“El diálogo debe ser un espacio seguro e inclusivo, donde todas las voces puedan expresarse sin temor a presiones, represalias ni discriminación, garantizando el ejercicio pleno de los derechos humanos y el respeto a la diversidad de opiniones”, se lee en el comunicado emitido por la Defensoría y las más de 100 organizaciones de la sociedad civil.