Gobierno envía al Legislativo proyecto de ley para reglamentar un estado de excepción con "carácter humanitario"

El Gobierno informó este miércoles que envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un proyecto de ley para reglamentar un estado de excepción con “carácter humanitario”. La medida contemplará “algunas restricciones” con base en los autos de buen gobierno que dicten las gobernaciones de los nueve departamentos.

“Hemos enviado un proyecto de ley bajo la lógica de acción humanitaria (…). Esta ley de reglamento para los estados de excepción en la patria ya ha sido enviada al parlamento y espero que pronto sea resuelta”, indicó el presidente Rodrigo Paz en el acto de posesión del nuevo ministro de Defensa, Ernesto Justiniano.

La Constitución Política del Estado, en su artículo 137, dispone que, en caso de peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastre natural, el Presidente tiene la potestad de declarar estado de excepción, “en todo o en la parte del territorio donde fuera necesario”.

A fines de mayo, el mandatario abrogó la ley que regulaba los estados de excepción en Bolivia, que fue puesta en vigencia en 2020 por el Movimiento Al Socialismo. Los críticos de esa norma, ya abrogada, indicaron que fue aprobada con motivaciones políticas, dado que establecía una serie de obstáculos para declarar esa medida.

Enfoque y restricciones

Hernán Paredes, viceministro de Régimen Interior, subrayó que el proyecto enviado al Legislativo incide en un estado de excepción con un enfoque de acción humanitaria. “El estado de excepción se está poniendo en un sentido de acción humanitaria, es decir, es para devolver salud, producción, comercialización, circulación”.

Respecto a las restricciones que se prevén establecer en el marco de esa norma, que será sometida a debate en el Legislativo, la autoridad indicó que se disponen “algunas”, con base en los autos de buen gobierno que dicten las gobernaciones.

El auto de buen gobierno es una disposición administrativa emitida por las gobernaciones departamentales con el objetivo de preservar el orden público y garantizar la seguridad ciudadana. Su aplicación es frecuente durante los procesos electorales, cuando se establecen restricciones temporales como la prohibición de la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, el porte de armas de fuego o de objetos contundentes y peligrosos, así como la realización de actos, reuniones o espectáculos públicos.

Paredes remarcó que la Constitución Política del Estado establece el derecho a la protesta, pero también dispone el derecho a la circulación, algo que es de vital importancia. “El enfoque de esta ley que se ha mandado a la Asamblea Legislativa Plurinacional es ese, es una acción humanitaria porque ya no es soportable la situación que estamos viviendo en La Paz y en El Alto”, aseguró.

Garantías, derechos y vigencia

La CPE dispone que la declaración de estado de excepción no podrá suspender las garantías de los derechos, ni los derechos fundamentales, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los derechos de las personas privadas de libertad.

La vigencia de la declaratoria de estado de excepción, según el artículo 138 de la CPE, está en función de la aprobación posterior de la ALP, que tendrá lugar “apenas las circunstancias lo permitan y, en todo caso, dentro de las siguientes setenta y dos horas” de la declaración del estado de excepción realizada por el mandatario.

El texto constitucional establece que la aprobación de la declaratoria indicará las facultades conferidas y guardará estricta relación y proporción con el caso de necesidad atendida por el estado de excepción.

Un elemento que remarca la CPE es que el Ejecutivo debe rendir cuentas ante la ALP de los motivos que dieron lugar a la declaración del estado de excepción y del uso que haya hecho de las facultades conferidas. Tras el estado de excepción no puede emitirse otra declaratoria dentro del siguiente año, salvo autorización previa del Legislativo.

Paz, este miércoles, indicó que todo el esfuerzo que harán la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Gobierno estará enmarcado en una “acción humanitaria” para cambiar la situación imperante. “Nosotros no venimos del concepto de la violencia que otros defienden y son violentos. Nosotros venimos de la cultura real, democrática, constitucional del diálogo", manifestó.