Contra viento y marea
La factura del discurso populista
La llegada de Rodrigo Paz Pereira a la presidencia de Bolivia en noviembre de 2025, marcó el fin de dos décadas de hegemonía del Movimiento Al Socialismo (MAS), pero no por la solidez de una propuesta alternativa, sino por un fenómeno de descarte político, es decir no por un programa propuesto ni por alguna simpatía personal. Tras una campaña saturada de consignas de alta intensidad y baja factibilidad, la gestión actual enfrenta el duro choque contra la realidad de un país sumido en una severa crisis en todo orden de cosas.
Durante la contienda electoral, el discurso de Paz Pereira, fluctuó entre la audacia liberal y el guiño popular. Promesas como la disolución de trabas aduaneras, la amnistía para el parque automotor indocumentado y la ambiciosa Agenda 50/50, que prometía transferir la mitad del Presupuesto General directamente a las regiones, eliminación de la renta vitalicia a los expresidentes, sirvieron como anzuelos discursivos eficaces para captar el descontento generalizado con el centralismo. A esto se sumó un postulado sumamente frágil: asegurar que la erradicación de la corrupción bastaría para prescindir totalmente del financiamiento de organismos internacionales.
Sin embargo, su éxito en el balotaje desnudó la mayor debilidad del proyecto: la falta de estructura. Al convertirse sorpresivamente en el contrapeso del voto tradicional, la candidatura de la alianza Primero la Gente y el PDC tuvo que salir a pedir auxilio técnico en el equipo económico de Samuel Doria Medina, incorporando figuras clave para dotar de una coherencia de último minuto a un programa que no preveía la victoria.
El resultado de una victoria obtenida con votos prestados del masismo que se decantó por el candidato Paz, —depositando su esperanza en que si triunfaba, iba a tener cierta benevolencia con Evo— antes que por la derecha tradicional encarnada en Tuto Quiroga, es la parálisis que hoy vive el país. Sin una bancada con una mayoría absoluta orgánica y sin un norte claro para sustituir el modelo previo, el Ejecutivo navega a la deriva, demostrando que la retórica populista de campaña suele ser el peor enemigo de la gobernabilidad democrática.
Pero el pragmatismo electoral del hoy presidente, no solo careció de un plan económico propio, sino que sembró la discordia en su propia fórmula de gobierno. La inclusión del vicepresidente Edmand Lara, respondió únicamente a un cálculo político. Lara, un expolicía y activista de redes sociales que construyó su popularidad denunciando redes de corrupción institucional, aportó el “derrame popular” y el control social que la figura de Paz no poseía.
La alianza nació con fecha de caducidad. En la actual crisis, el vicepresidente Lara ha optado por desmarcarse sistemáticamente del primer mandatario. Al actuar más como un líder opositor con despacho oficial, que como un aliado del Ejecutivo. Lara capitaliza el descontento de los movimientos sociales criticando abiertamente las medidas fiscales de la Presidencia. Esta ruptura pública expone la naturaleza de la actual gestión.
Empero la flagrante improvisación del gobierno de Paz, bajo ninguna circunstancia puede ser utilizada para estrangular al país. Bolivia sufre una respuesta desproporcionada e inhumana con el bloqueo de carreteras y cercos urbanos que atentan directamente contra los derechos más fundamentales de sus pobladores. Desabastecer intencionalmente de alimentos, impedir el paso de ambulancias, privar del suministro de oxígeno a quienes ya no pueden respirar por sus propios medios, no es un ejercicio legítimo de la protesta civil, constituye un sabotaje explícito a la dignidad humana.
En una democracia verdadera y madura, el castigo a la inoperancia de un gobernante debe canalizarse estrictamente a través de los mecanismos institucionales, la fiscalización legislativa, la interpelación de ministros, y en último caso, la huelga o la protesta sin llegar al expediente criminal de atentar contra la vida humana.
Hacer lo que los “movimientos sociales” están haciendo, es una muestra clara e irrebatible del racismo que desde siempre ha formado parte de la trágica historia nacional, es simplemente una degradación del Estado de Derecho, convirtiendo sus demandas, en un método de coacción carente de legitimidad, de razón y de humanidad. No es expresión de civilizatoria sociedad reproducir la tragedia de 1781-1782, pero los hechos están tomando una dimensión y una dirección que no sería exagerado pensar que La Paz, de persistir este estado de cosas, puede llegar a padecer una hambruna, como la que provocaron los tristemente célebres Tupac Katari y Bartolina Sisa, no solo por la escasez de alimentos, sino por los irracionales precios de los pocos que en el mercado se encuentran.
El canibalismo político y el “Estado tranca” tienen que dejar de ser parte de un sistema frágil. Bolivia no puede estar atrapada entre la ineficiencia de un gobierno sin programa y la violencia de sectores radicales que desprecian las leyes.