La mirada del escritor
La Paz bajo cerco
La Paz vuelve a cargar sobre sus hombros una paradoja antigua: se llama La Paz, pero vive otra vez bajo el signo del conflicto. Sus caminos cerrados, su abastecimiento amenazado y su vida cotidiana alterada revelan una verdad dolorosa: cuando la política se convierte en fuerza bruta, la ciudadanía termina pagando el precio más alto.
Una ciudad cercada deja de ser plenamente libre. Cuando se impide la circulación, cuando los alimentos tardan en llegar, cuando el transporte se paraliza y cuando la incertidumbre entra en los hogares, no se castiga solamente al gobierno de turno. Se castiga al comerciante que vive del día, al estudiante que debe llegar a clases, al enfermo que necesita atención, a la madre que busca alimentos y al trabajador que solo quiere cumplir su jornada.
El sindicalismo boliviano tiene una historia que no puede negarse. En muchos momentos fue defensa colectiva, organización popular y resistencia frente al abuso. Pero toda fuerza social pierde legitimidad cuando sus métodos dañan a la misma sociedad que dice defender. Una cosa es reclamar derechos; otra muy distinta es convertir a una ciudad entera en rehén de una pulseada política.
El Estado tampoco puede declararse inocente. Si existe para garantizar convivencia, seguridad y bien común, no puede limitarse a observar cómo otros poderes ocupan la calle y administran el miedo. Cuando el Estado se muestra débil, tardío o incapaz, permite que sindicatos, federaciones y grupos de presión disputen el poder real sobre la vida cotidiana de la gente.
Bolivia parece atrapada entre dos fuerzas: un Estado debilitado y un sindicalismo que, cuando se desborda, actúa como poder paralelo. Pero en medio de esa lucha no está el poder: está la ciudadanía. La sociedad no mira la disputa desde afuera; la sufre en los mercados, en las filas, en las calles, en los hogares y en la angustia de no saber qué ocurrirá mañana.
Por eso debemos volver a la frase inscrita en nuestras monedas: “La unión es la fuerza”. Esa sentencia no significa obedecer al más fuerte, ni someterse al sindicato, ni rendirse ante el Estado. Significa comprender que ningún grupo puede salvarse destruyendo al resto. Un país no se fortalece cuando una parte se impone sobre el conjunto, sino cuando el conjunto encuentra caminos civilizados para resolver sus conflictos.
La Paz no puede seguir siendo el escenario sacrificial de todas las disputas nacionales. No es solo sede de gobierno, ni ministerios, ni plazas tomadas. Es también la caserita que madruga, el joven que estudia, el conductor que trabaja, la familia que espera alimentos y el ciudadano que quiere vivir sin sentirse prisionero.
Bolivia necesita sindicatos democráticos, no poderes paralelos. Necesita un Estado firme, no autoritario; presente, no ausente; legítimo, no indiferente. Ninguna causa debería justificar el hambre, el miedo o el encierro de una población.
La Paz merece abrir sus caminos. Y Bolivia merece recordar que una comunidad no puede ser sacrificada en nombre de quienes dicen representarla.