Denuncia
En el Ministerio de Desarrollo Productivo descubren cobro para bloqueos, exigencia de 30% de sueldos y corrupción
Cobros de Bs 2.000 para financiar protestas, funcionarios que debían entregar el 30% de sus salarios y presuntos hechos de corrupción en la compra de maquinaria fueron detectados en entidades dependientes del Ministerio de Desarrollo Productivo, donde opera un grupo especializado encargado de realizar fiscalizaciones sorpresivas.
El ministro de Desarrollo Productivo, Oscar Mario Justiniano, informó sobre los casos identificados y las denuncias presentadas para que sean investigadas en el ámbito penal, con el fin de dar con todos los responsables y aplicar las sanciones correspondientes.
Uno de los hechos ocurrió en oficinas de la estatal Cartonbol, en Oruro, hasta donde llegó una persona a exigir a los empleados Bs 2.000 para financiar los bloqueos que golpean a la región. El sujeto mencionó el nombre de un diputado y de un gerente técnico de la empresa para presionar por el dinero.
“Se denunció ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y se capturó a esta persona que, utilizando nombres y algunos mecanismos como el tema de los bloqueos y otros más (…), quería generar actos de corrupción. Se entiende que no es la única vez”, explicó la autoridad.
El segundo caso involucra el cobro del 30% del salario a siete funcionarios por parte de una tercera persona que, supuestamente, los acomodó en el Observatorio Agroambiental y Productivo. Se trata, según la denuncia, de Rolando B.
El tercer hecho corresponde a presuntos actos de corrupción en la adquisición de bobinas para las plantas de lácteos de Achacachi, San Andrés y Challapata. “Fueron destituidas todas las gerencias” y cinco funcionarios, explicó Justiniano en conferencia de prensa.
Todos los casos detectados fueron denunciados y siguen su curso legal; asimismo, se descartó que hayan provocado algún daño económico al Estado.
Justiniano informó que, dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo, se conformó un equipo especializado para realizar procesos de fiscalización de manera sorpresiva, como parte de la política de lucha contra la corrupción.
“Este grupo se mueve en distintas entidades y tiene la capacidad para generar, posteriormente, las denuncias respectivas para poder seguir con los procesos correspondientes”, insistió.