Justicia
Gobernador de Chuquisaca denuncia retardación de justicia contra Fancesa por más de 10 años
El gobernador de Chuquisaca, Luis Ayllón, denunció hoy la retardación de justicia en el caso de la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa), por más de 10 años, por el caso de competencia desleal interpuesto contra la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), después de conocerse la presunta injerencia del expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ante autoridades bolivianas para dejar sin efecto el pago de Bs 744 millones.
Según la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de España, Rodríguez Zapatero estaría vinculado en un caso de tráfico de influencias a favor de la empresa peruana Gloria, dueña mayoritaria de Soboce, en el que se menciona al expresidente Luis Arce, ministros de Estado y al Órgano Judicial.
Ayllón, sobre el caso, sostuvo que se está solicitando información al Fiscal General del Estado, Róger Mariaca, para tener la documentación oficial y tomar acciones constitucionales, administrativas o penales. “Ténganlo por seguro, quien es enemigo de Fancesa y de Chuquisaca, pues va a tener el castigo que le corresponda, pero siempre en el marco del debido proceso”, afirmó.
La autoridad departamental evitó pronunciarse sobre las informaciones difundidas, en base al documento de la UDEF. Sostuvo que quería cerciorarse y tener la documentación y luego tomar las acciones que sean pertinentes, a CTV Red Nacional Bolivia.
Sin embargo, sostuvo que, en este caso de la demanda de competencia desleal por parte de Soboce, esta fue presentada en junio de 2010. Según la denuncia, Soboce usó acciones de la empresa para obtener una línea de financiamiento de Bs 35 millones para invertir en la planta de producción Viacha-Soboce, en desmedro de la empresa pública, informó el Procurador General del Estado, Ricardo Condori Tola.
“Lamento, pero en este caso siempre se ha dado retardación de justicia para Fancesa principalmente; imagínense, son más de 10 años que estamos con este proceso. Yo recuerdo que este proceso se inició en 2013, cuando yo era director de Fancesa y habíamos pedido que se haga una auditoría por competencia desleal y entiendo que esa auditoría dio lugar a que se inicie un proceso, posteriormente en la vía civil”, afirmó Ayllón.
Dijo que ese proceso concluyó y después se presentó una demanda para la reparación de daños; entonces son dos procesos que, haciendo cuentas, tienen más o menos 10 años, y por eso pidió a la justicia que demuestre una nueva imagen, una nueva cara de administrar la justicia.
Pidió que los jueces “no se dobleguen ante los maletines, que fallen conforme al mandato constitucional que tienen y, sobre todo, en base a la ley, cumpliendo los plazos y sin dejarse presionar políticamente”.
En este caso que involucra a Fancesa, hubo una “mano negra” y “oscuras intenciones” para no pagar a la empresa lo que en derecho le corresponde, como se ha demostrado legalmente, dijo Ayllón.
“No sabíamos cuál era el trasfondo de este tema; ahora que ya salió públicamente este caso, nosotros, por responsabilidad, hemos presentado ante el Fiscal General del Estado, Róger Mariaca, un memorial solicitando cooperación internacional para que, a través de esta instancia gubernamental, que es la que puede pedir esta documentación de investigación, se conozca en qué estado se encuentra y, a partir de eso, asumir las acciones que competen”, afirmó.
Dijo que este ya es un tema que compete al Estado, debido a que es el Gobierno de España el que está investigando el caso a través de la UDEF, y Bolivia tiene que tratarlo como tal, con la Cancillería, la Fiscalía y la Procuraduría General del Estado, que son las instituciones llamadas por ley ante este tipo de situaciones.
El senador de Chuquisaca, Santiago Ticona, por su parte, informó que a través de una minuta de comunicación se está exigiendo al Fiscal General un informe de las acciones que está realizando el Ministerio Público. También se exige que, a través de la Cancillería, se soliciten informes sobre las acciones realizadas en España, incluyendo anexos.
De la misma manera, al Procurador General del Estado se le está planteando una petición de informe oral para que asista a la Comisión de Constitución y brinde un informe sobre qué acciones ha realizado, informó.
Recordó que entre los nombres que se han manejado está el de un exprocurador del Estado, lo cual genera bastante preocupación, porque fue sujeto de un amparo, el cual ha perjudicado al departamento de Chuquisaca y ha evitado que deje de recibir más de Bs 700 millones.