SOBOCE denuncia que auto supremo del TSJ incumple fallo constitucional y anuncia acciones legales

La Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE) anunció que impugnará el Auto Supremo N° 1190/2026, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al considerar que la resolución incumple el mandato de una Sala Constitucional, vulnera el debido proceso y genera un precedente negativo para la seguridad jurídica y la inversión privada en Bolivia.

En un comunicado difundido este martes, la empresa expresó su "profunda disconformidad" con la decisión judicial, de la que fue notificada el 29 de junio, y aseguró que el nuevo fallo reproduce las irregularidades que habían sido observadas previamente por la jurisdicción constitucional.

Según SOBOCE, el TSJ no cumplió con el mandato de emitir una nueva resolución que reparara las vulneraciones identificadas por la Sala Constitucional de La Paz, que anteriormente había concedido una tutela a favor de la empresa al establecer que existieron afectaciones al debido proceso en un fallo previo del máximo tribunal ordinario.

La cementera afirmó que el nuevo Auto Supremo constituye un "simple ajuste semántico" del fallo anterior, sin corregir las observaciones formuladas por la justicia constitucional. A juicio de la empresa, la resolución resulta "arbitraria, contradictoria e incompatible con el derecho boliviano e internacional".

Anuncia nuevas acciones legales

Frente a este escenario, SOBOCE informó que agotará todas las acciones legales disponibles, tanto en la jurisdicción ordinaria como en la constitucional, para cuestionar la decisión.

Asimismo, sostuvo que el propio Tribunal Supremo reconoce varios de los argumentos técnico-jurídicos planteados por la empresa y por la Sala Constitucional, pero finalmente mantiene una decisión que, según la compañía, vuelve a vulnerar sus derechos constitucionales.

La empresa también advirtió que el fallo genera incertidumbre para la inversión privada al afectar principios como la seguridad jurídica, la certidumbre y la proporcionalidad que, según señaló, deben regir en el ámbito empresarial.

Un conflicto que se arrastra desde 2010

El litigio entre SOBOCE y la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa) tiene su origen en la expropiación de la participación accionaria que mantenía la empresa privada en la cementera chuquisaqueña.

En septiembre de 2010, mediante el Decreto Supremo 0616, el Estado dispuso la expropiación de las acciones de SOBOCE en Fancesa, estableciendo que debía pagarse una indemnización cuyo monto sería determinado conforme al procedimiento legal correspondiente.

Desde entonces, ambas partes mantienen una prolongada disputa judicial sobre las obligaciones derivadas de esa expropiación y otros procesos vinculados. SOBOCE sostiene que, transcurridos más de 16 años, el Estado aún no ha cumplido con el pago de la compensación y afirma que la deuda supera los 290 millones de dólares.

En su pronunciamiento, la empresa aseguró que las demandas impulsadas por Fancesa han sido utilizadas como una estrategia para dilatar el pago de esa indemnización, extremo que forma parte de la controversia entre ambas partes.

Defensa del Estado de derecho

Finalmente, SOBOCE reiteró que continuará ejerciendo su defensa por las vías legales disponibles y manifestó su confianza en que el Estado de derecho prevalecerá para corregir lo que considera un desvío procesal.

La compañía afirmó además que mantendrá sus operaciones y su compromiso con el desarrollo del país mientras prosigue el proceso judicial, que constituye uno de los litigios empresariales más prolongados y de mayor impacto económico en Bolivia.