Investigación
Tras casos de bebé "alquilada" para la mendicidad, Policía activa operativos para neutralizar esta ilegal actividad
La muerte de una bebé en Cochabamba destapó lo que parece ser una red de “alquiler” de niños para la mendicidad, cuyos alcances y magnitud son investigados. La Policía inició una serie de operativos e intervenciones a grupos que deambulan con niños por las calles, con la finalidad de verificar el parentesco entre ellos y, de ser necesario, rescatarlos.
La responsable de la División de Trata y Tráfico de Personas de la Policía, mayor Gaby Coca, afirmó que las intervenciones permitirán detectar situaciones irregulares que involucren a menores, como la ausencia de documentación, para remitirlos inmediatamente a las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, con el fin de protegerlos y continuar con la investigación.
“Estamos trabajando en un operativo de identificación de poblaciones que están deambulando por las calles para registrar a estas personas, saber bajo qué condiciones tienen a estos menores, qué documentos portan y si realmente hay una relación de parentesco o no. Ya hemos remitido casos a las Defensorías al identificar a personas indocumentadas”, explicó.
En diferentes calles de las ciudades capitales, principalmente del eje central de Bolivia, se observa a personas adultas acompañadas de menores pidiendo limosna en distintas circunstancias. En La Paz, por ejemplo, un numeroso grupo de mujeres del norte de Potosí, acompañadas por niños, se dedica a esta actividad.
La bebé fallecida en Cochabamba —hecho que destapó esta presunta actividad ilícita— provenía de la comunidad indígena ayorea, que quedó rodeada por el crecimiento de la mancha urbana de la ciudad de Santa Cruz. Su situación es compleja, ya que enfrenta una profunda marginación, pobreza estructural y discriminación.
La menor tenía apenas seis meses de vida y atravesaba graves problemas de salud; pese a esta situación, fue dada en “alquiler” a una pareja que la trasladó de Santa Cruz a Cochabamba. De acuerdo con las investigaciones, sus padres habrían recibido Bs 150 a cambio de entregar a la menor, bajo el compromiso de recibir un pago mensual de Bs 50.
Édgar Isaías M.S. y Marisabel W.D. lucraban con la lactante y fueron imputados por los delitos de trata y tráfico de personas, explotación infantil y sometimiento a la mendicidad. Se les dictó detención preventiva por cuatro meses y se logró rescatar a otros cuatro menores que también estaban bajo su cuidado.
La mayor Coca informó que la investigación permanece abierta y lamentó que en algunas áreas rurales exista cierta "naturalidad" al entregar niños a terceras personas, mediante acuerdos o con el consentimiento de ambas partes, pese a que estas prácticas están penalizadas y conllevan una condena de hasta 20 años de cárcel.
“Ven esto como una situación natural cuando se prestan a los niños y los trasladan a las ciudades para obtener beneficios económicos para ambas familias. Por supuesto, aquí hay un consentimiento, entonces son prácticas que ellos van desarrollando, pero que ahora la ley sanciona”, advirtió la jefa policial en Bolivia Tv.
Los padres de la menor ya fueron identificados y serán investigados. Los restos de la bebé se encuentran en la morgue y se prevé su pronto traslado a Santa Cruz para ser sepultados.
Coca ratificó que continuarán las intervenciones a los grupos de personas que deambulan con niños en las calles como una medida estricta de protección para este sector vulnerable de la población. Asimismo, pidió a la ciudadanía involucrarse en la lucha contra estos ilícitos mediante la denuncia de estos hechos.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo activó un mecanismo de coordinación interdepartamental entre sus delegaciones defensoriales de Santa Cruz y Cochabamba para realizar el seguimiento a las investigaciones de este caso de trata de personas con fines de mendicidad forzada, que involucra a niñas, niños y adolescentes del pueblo indígena ayoreo.