Narcotráfico
En 40 días, el escándalo por “narcomaderas” provocó daños al sector forestal, dudas sobre el Gobierno y especulaciones políticas
El 8 de junio de este año se conoció públicamente el caso “narcomaderas”, cuando medios internacionales difundieron que, en Chile, la Fiscalía y la Aduana de ese país informaron sobre la retención de 45 contenedores en los puertos de Arica y Valparaíso, que contenían 1.080 toneladas de madera y cerca de 108 toneladas de cocaína y ketamina impregnadas mediante procedimientos químicos sofisticados.
Tras más de 40 días de inmovilización y peritajes científicos profundos, los laboratorios oficiales y el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) determinaron la ausencia absoluta de sustancias controladas. Los reactivos de campo utilizados en las fronteras arrojaron falsos positivos al interactuar erróneamente con los componentes naturales de la madera.
Los informes oficiales, tanto de laboratorios de Chile como de Brasil, concluyeron que la madera proveniente de Bolivia estaba limpia y descartaron que estuviera impregnada con sustancias controladas. Las pruebas iniciales dieron un "falso positivo", por lo que los camiones retenidos fueron liberados.
Los daños al sector exportador de madera son cuantiosos, debido a la retención de exportaciones, el desprestigio provocado por una denuncia falsa, la pérdida de mercados y empleos, además de afectar la imagen del país y la del Gobierno del presidente Rodrigo Paz sobre la lucha contra el narcotráfico, después del exitoso operativo que logró capturar a uno de los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos, Sebastián Marset.
Cuando se conoció el caso, el operativo fue considerado por expertos como el mayor golpe al crimen organizado dedicado al tráfico de sustancias ilícitas, por el valor estimado de la droga incautada, que llegaba a los $us 8.300 millones.
También se habló de una infraestructura sofisticada utilizada para el tráfico de drogas. Se mencionó que grandes cantidades de droga fueron impregnadas directamente en la madera, lo que impedía que el producto fuera detectado a simple vista.
El Fiscal Nacional de Chile, Ángel Valencia, y el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, informaron que se trataba de una modalidad sofisticada que dificultaba su detección mediante inspecciones convencionales.
Los bloques de madera se veían normales; la sustancia solo podía ser descubierta mediante análisis de laboratorio o con perros entrenados. Para el traslado se utilizaron decenas de contenedores que salieron desde 15 empresas bolivianas hacia puertos internacionales, informaron fiscales que investigaban el caso en el vecino país, según reportaron los medios de comunicación.
La Cámara Forestal de Bolivia, desde un inicio, se pronunció sobre el caso, exigió pruebas científicas y peritajes internacionales, y advirtió que los análisis iniciales de campo eran imprecisos y daban "falsos positivos" en la madera.
Denunció graves pérdidas y advirtió que la inmovilización de los camiones de carga y las acusaciones paralizaron al sector por más de 40 días. Señaló que estas acciones provocaron pérdidas millonarias y pusieron en riesgo el trabajo de miles de familias.
Después de conocida la denuncia, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció que se impulsaría una investigación conjunta con organismos internacionales y autoridades de Bolivia y Chile para esclarecer el hallazgo de sustancias controladas en cargamentos de madera interceptados en puertos chilenos.
Sin embargo, aclaró que el caso no correspondía a una operación reciente, sino a una investigación que se desarrollaba desde octubre de 2025. “Lo primero, esta no es una operación de hoy; esta es una investigación y tareas de interdicción al tráfico de drogas que se vienen realizando desde octubre del año pasado”, afirmó.
Asimismo, rechazó versiones que señalaban que se hubieran encontrado 108 toneladas de cocaína. “Se está difundiendo por algunos actores políticos, malintencionadamente, que se trata de 108 toneladas de cocaína y no es así”, sostuvo.
Explicó que, según la información preliminar recibida por el Gobierno, el material hallado incluía diversas sustancias como cocaína, ketamina, lidocaína, cafeína y fenacetina; además, indicó que el Gobierno boliviano aún no había recibido informes periciales oficiales de las autoridades chilenas sobre el contenido exacto del cargamento.
En los días posteriores, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Gobierno y la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) revisaron los registros, los certificados de exportación y la cadena de custodia de al menos 15 empresas de los departamentos de Pando, Santa Cruz, Beni y Cochabamba.
El 11 de junio se realizaron allanamientos ejecutados por el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en empresas madereras del departamento amazónico de Pando, al norte del país.
El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó que se abrieron seis procesos por el presunto delito de tráfico de sustancias controladas y se realizaron 18 allanamientos a empresas exportadoras de madera. Además, se tomaron trozos de madera para realizar pericias técnicas que permitieran obtener resultados sobre la presencia de drogas en los mismos.
Los operativos se realizaron en las ciudades de Cobija y Porvenir, donde fiscales y efectivos policiales recolectaron documentación y otros elementos que podrían contribuir a establecer posibles vínculos entre las firmas exportadoras y los cargamentos de madera detectados en Arica.
Los operativos se efectuaron en las oficinas de empresas exportadoras que aparecían en un listado difundido por algunos medios de comunicación. Según los fiscales, durante las intervenciones se verificaron las oficinas administrativas, los talleres mecánicos destinados al mantenimiento de maquinaria pesada, así como las áreas de corte y preparación de la madera para su venta, además de secuestrar documentación.
Los reportes preliminares señalan que los envíos partieron principalmente desde Pando, aunque también se identificaron cargamentos procedentes de Santa Cruz y Cochabamba.
La denuncia provocó un escándalo político en el país. El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, fue uno de los primeros en pronunciarse respecto al tema y cuestionó que un cargamento de esa magnitud pudiera haber salido del país sin ser detectado por las instituciones encargadas de ese control.
“Nos vendieron que el retorno de la DEA y Escudo de las Américas serían la solución, pero los hechos generan todo lo contrario”, afirmó.
Ante la polémica surgida por el caso “narcomaderas”, el ministro de Gobierno y el vocero presidencial, José Luis Gálvez, invitaron a los expresidentes Jorge Quiroga y Evo Morales a designar delegados para formar parte de la comisión investigadora.
“Quiero hacer una puntualización muy clara y quiero decirle a don Tuto Quiroga, a Evo Morales y al vicepresidente Lara que nombren un representante cada uno de ellos para que acompañe a este equipo de verificación internacional y dejen de denigrar, de dar una mala imagen del país”, sostuvo Oviedo en una conferencia de prensa.
Quiroga cuestionó que cargamentos vinculados al narcotráfico se movilizaran mientras distintas regiones enfrentaban bloqueos y problemas de abastecimiento, enfatizando que la última exportación de madera de la industria boliviana se realizó a inicios de mayo, antes del inicio de los conflictos.
Sin embargo, Quiroga insistió en que el hallazgo detectado por autoridades chilenas reflejaba una “una operación industrial de escala nunca antes vista” y que poco tenía que ver con lo que hubiera declarado, criticando así la respuesta gubernamental frente al caso.
“Los que manchan a Bolivia son los corruptos, los cómplices que permiten que esto pase una y otra vez. Y la técnica es que venga un pez menor o una diputada menor (en referencia a Laura Rojas por el caso maletas)”, expresó. “Nunca llegan a fondo a quiénes son los cabecillas”, sostuvo.
“El presidente manda al ministro a invitarme a mí, junto con Evo Morales, a ser parte de una comisión de investigación de narcotráfico. ¿A quién más? ¿A la hermana de Marset? ¿Al jefe de PCC? ¿Al hijo del Chapo Guzmán? ¿En serio? Yo con el señor Evo Morales en el tema de narcotráfico, una sola cosa: lo tomo preso y lo extradito", afirmó.
El líder de Libre consideró inadmisible que se convocara al líder cocalero en un tema vinculado al narcotráfico y apuntó que, en lugar de integrarlo a una instancia de investigación, debería responder ante la justicia y no quedar en la impunidad.
A esas voces se sumaron las de asambleístas del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Entre ellas, Claudia Bilbao sostuvo que el cargamento salió del país en octubre del año pasado y especuló sobre el tiempo necesario para producir 18 toneladas de droga. El diputado Ruddy Pantaleón afirmó que el cargamento salió del país el año pasado, por lo que descartó una conexión del Gobierno del presidente Rodrigo Paz con el hecho; mientras que Catherine Pinto sostuvo que la droga salió durante la gestión del expresidente Luis Arce y que era probable que los recursos económicos fueran utilizados para financiar los bloqueos.
El 22 de junio, desde Brasil se informó que se investigaba un gigantesco cargamento de madera procedente de Bolivia que presuntamente era utilizado para ocultar 50 toneladas de cocaína y que, según las estimaciones preliminares, constituía la mayor incautación de droga registrada en la historia del país vecino.
La denominada Operación Escudo de Madera permitió la retención de ocho camiones cargados con aproximadamente 260 toneladas de madera en las ciudades brasileñas de Corumbá, en Mato Grosso do Sul, y Cáceres, en Mato Grosso.