Fuego
Defensoría alerta una tendencia creciente de incendios forestales desde 2023 y pide reforzar la prevención
Desde la gestión 2023, Bolivia registra una tendencia ascendente tanto en los focos de calor como en la superficie afectada por los incendios forestales, según el séptimo reporte sobre incendios forestales, derechos humanos y derechos de la Madre Tierra presentado este lunes por la Defensoría del Pueblo. La institución advirtió que esta situación evidencia que los incendios dejaron de ser un fenómeno estacional para convertirse en un problema estructural que vulnera derechos humanos y los derechos de la Madre Tierra.
De acuerdo con el informe, el pico más alto de focos de calor pasó de 1.736 en 2023 a 16.494 en 2024. En 2025 se registró un máximo de 2.536 focos y, hasta el 21 de julio de 2026, la cifra ya alcanzó los 2.835, lo que refleja un incremento respecto al mismo periodo del año anterior.
"Desde la Defensoría del Pueblo queremos alertar que los incendios forestales han dejado de ser algo estacional, algo coyuntural, para convertirse en un problema estructural que afecta los derechos humanos y los derechos de la Madre Tierra", afirmó el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, durante la presentación del informe.
La autoridad recordó que, desde 2024, la Defensoría impulsa acciones para que el Estado fortalezca la prevención y la atención de los incendios, entre ellas una acción popular que derivó en la Resolución Constitucional 233/2024. Sin embargo, señaló que persisten las deficiencias en la respuesta institucional.
"Tenemos todavía una debilidad en cuanto a la respuesta tardía para la activación de los comités operativos de emergencia municipales y departamentales", sostuvo.
El reporte también identifica una extrema precariedad logística que pone en riesgo la labor de los bomberos y observa una falta de acciones efectivas para investigar y sancionar los incendios provocados.
Además, evidencia que el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) no presentaron información sobre los daños ocasionados ni sobre las medidas de restauración implementadas, salvo el proyecto de Ley de Restauración promovido por la Gobernación de Santa Cruz.
En materia preventiva, la Defensoría observó una omisión de las entidades del nivel central del Estado y destacó únicamente acciones aisladas de los municipios de Concepción y San Antonio de Lomerío, además de la Gobernación de Santa Cruz. Asimismo, informó que 47 municipios considerados en riesgo no presentaron la rendición de cuentas prevista por la resolución constitucional.
Entre 2024 y 2026, la institución realizó 73 acciones de seguimiento, emitió 41 exhortaciones y reportó un avance de solo el 6 % en el cumplimiento de las medidas relacionadas con la prevención de incendios y la elaboración del Plan Nacional de Prevención de Incendios Forestales 2026.
Callisaya exhortó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a cumplir la Resolución Constitucional 233/2024, fortalecer las acciones de prevención, sancionar las quemas ilegales, proteger las áreas protegidas, restaurar los ecosistemas y dotar de mejores condiciones logísticas a las unidades de bomberos para enfrentar la temporada de incendios.