Goitia apunta a Evo y al MAS como beneficiarios de la manipulación informática en las elecciones de 2019 y busca recuperar Bs 233 MM

Después de que la Procuraduría General del Estado (PGE) rechazó la posibilidad de iniciar acciones para recuperar Bs 233 millones (MM), destinados al proceso electoral de 2019, que fue anulado, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Carlos Alberto Goitia, apuntó al expresidente Evo Morales y al Movimiento al Socialismo (MAS) como los que se beneficiaron por la manipulación informática de los resultados.

Precisó que lo que busca es identificar a los responsables de la manipulación informática y quiénes fueron los que se beneficiaron de ese ilícito, del que la víctima fue la población boliviana.

“El informe de la OEA precisa que hubo una manipulación informática, alguien metió la mano a los datos, alteró el sistema y se favoreció, una persona, Evo Morales, candidato en ese momento y el Movimiento al Socialismo, partido político con él que iba; por lo tanto, ahí hay un centro de atención”, afirmó.

“La víctima está clara”, insistió, “fueron los bolivianos y las bolivianas; pero hay un beneficiario, un partido político y un candidato en ese tiempo; y hay un responsable material. ¿Quiénes son los responsables materiales de ese fraude? Esa es la gran pregunta que está en la mente de todos los bolivianos. No podemos olvidarlo ni dejarlo en el olvido, hay que investigar para saber quiénes son y deben pagar por ese daño que se ha hecho a Bolivia”, afirmó.

Goitia recordó que se gastaron más de Bs 233 millones en una elección que no sirvió para nada, pero a eso hay que sumar también que hay un actor que se benefició, que fue Morales y el MAS, que vieron incrementado su porcentaje de votos en esa elección, en ese fraude.

“Pero alguien fue el responsable de manipular informáticamente, al estilo venezolano, esa información; eso es lo que tenemos que llegar a investigar. No puede haber quedado en el olvido, no puede haber quedado en nada ese hecho tan grosero. Eso es lo que tenemos que lograr identificar; para eso quiero ese trabajo coordinado entre las distintas entidades”, manifestó.

Explicó que lo que hicieron los responsables de esa manipulación, “en otras palabras se llama fraude”, y por ello eso “no puede quedar en el anecdotario; alguien tiene que devolver esos dineros, será una persona, será una persona colectiva, será un partido político, eso es lo que hay que determinar y hay que encontrar la vía adecuada para recuperar esos dineros”.

Después de las elecciones y tras el conteo realizado por el TSE, Morales fue proclamado vencedor de los comicios por un margen del 10,57% de votos frente al candidato por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, con solo un 0,57% de diferencia para evitar una segunda vuelta.

“Las manipulaciones e irregularidades señaladas no permiten tener certeza sobre el margen de victoria del candidato (Evo) Morales sobre el candidato (Carlos) Mesa”, sostiene el informe final de la OEA sobre la auditoría realizada a los comicios.

Según el documento, entre las “acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección”, se menciona la “paralización intencional y arbitraria, sin fundamentos técnicos, del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP)”.

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“Todos los análisis del equipo técnico permiten determinar que la paralización del sistema TREP no fue un accidente ni una decisión basada en fundamentos técnicos. Fue simplemente una decisión arbitraria, cuyo propósito incluyó la manipulación de la infraestructura informática”, sostiene la OEA.

Además, el informe indica que, cuando el sistema reanudó su funcionamiento, “al día siguiente apareció en escena un servidor oculto, no declarado y no controlado ni por la empresa auditora ni por el personal técnico del órgano electoral”.

Goitia se refirió a la respuesta que recibió de la PGE ante el planteamiento realizado y dijo que se limitó a remitirle las resoluciones de sobreseimiento que se emitieron en los procesos penales que se iniciaron en 2019 sobre el caso del fraude electoral cometido ese año, las cuales fueron emitidas en 2021.

El 19 de marzo de 2021, el entonces fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, emitió el sobreseimiento a favor de las exautoridades de los nueve tribunales electorales, mientras que el proceso en contra de los vocales del TSE esperaba una pericia para ser cerrado.

“Se han dictado resoluciones de sobreseimiento en los casos aperturados en los nueve tribunales departamentales electorales. En el tema del Tribunal Supremo Electoral, en el proceso de investigación se está pendiente de una pericia informática, la cual va a cerrar el proceso de investigación. Ya tendremos posteriormente resultados”, dijo en esa oportunidad.

El caso sobre el presunto fraude electoral fue abierto después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) reveló que la auditoría realizada a ese proceso estableció que hubo “manipulación dolosa” y “parcialidad de la autoridad electoral”, que alteraron la “voluntad expresada en las urnas”.

Sobre el tema, Goitia informó que solicitó una reunión con el procurador, Hugo León, para indagar y explorar cuáles son las alternativas para que “este dinero gastado por los bolivianos no quede en el anecdotario, no quede en el olvido y quienes han provocado este gasto de más de 233 millones de Bs. respondan”.

Precisó que, si bien en 2019, después de la renuncia del entonces presidente Evo Morales, en medio de la convulsión social provocada por las denuncias de fraude, se llevaron a cabo una serie de procesos penales, “cuya transparencia habrá que analizar, porque fue un manto de cobertura a actos ilícitos que se llevaron a cabo en ese tiempo”.

Pero, más allá de eso, el objetivo que se está buscando es “la recuperación de los dineros gastados en ese proceso de 2019; son más de 233 millones de Bs. que, insisto, ni pueden quedar en el olvido ni en el anecdotario”, afirmó.

Dijo que, para lograr ese propósito, hay varias vías, entre ellas la penal, la cual tal vez es la menos indicada, pero hay otras que son las que hay que explorar. Para eso manifestó que busca una reunión con el procurador y con otras autoridades e instituciones del Estado.

Reconoció que lo que busca toma su tiempo, pero hay que saberlo encausar. “No es un proceso penal ciertamente, eso no es lo que se está buscando, no es lo que he planteado, he planteado otra cosa”, aseguró.

Aclaró que su propuesta no apunta a los vocales de esa época, sino que lo que se pretende es identificar “¿Quién hizo la manipulación informática?, ¿Quiénes son los que se beneficiaron con esa manipulación informática?, porque tenemos clara quién fue la víctima: la víctima fue Bolivia, los bolivianos y bolivianas que vieron una elección que no sirvió para nada, fruto de ese fraude, de esa manipulación informática”.