Norma
Reglamento de la Ley de Huérfanos de Feminicidio llega a la UDAPE y se acerca su promulgación
El proyecto de reglamento de la Ley 1680 de Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos Huérfanos de Feminicidio y otros delitos contra la Vida llegó a la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), paso previo a su promulgación mediante decreto, según se informó en una reunión entre la Alianza por los Huérfanos de Feminicidio en Bolivia y representantes del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización.
Durante el encuentro se dio a conocer que la propuesta de reglamentación ya se encuentra en revisión en la UDAPE y que resta poco para que el reglamento sea aprobado y la norma entre plenamente en vigencia.
Como parte de la etapa final del proceso, la comisión impulsora envió cartas a los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo, Desarrollo Sostenible, Salud y Educación para gestionar reuniones de coordinación. Actualmente, se aguarda la definición de las fechas de estos encuentros, que permitirán ultimar aspectos antes de la promulgación del decreto, según informó Voces Libres.
Asimismo, el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades asumirá la elaboración de una estrategia comunicacional para promover la aprobación y la implementación de la ley y su reglamento.
La propuesta de reglamentación fue presentada el 4 de marzo de 2026 ante el Ministerio de la Presidencia por la Alianza por los Huérfanos de Feminicidio en Bolivia, el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones. Desde entonces, el documento permanecía en revisión hasta su reciente ingreso a la UDAPE.
La Ley 1680 fue promulgada el 5 de noviembre de 2025 con el objetivo de garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad a causa de feminicidios y otros delitos contra la vida. La normativa contempla medidas de protección inmediata, un bono económico, atención terapéutica y seguimiento para asegurar que los beneficiarios crezcan en un entorno familiar seguro.
Con la aprobación del reglamento, la ley podrá ser implementada plenamente, permitiendo la ejecución de los mecanismos de protección y reparación previstos para esta población en condición de vulnerabilidad.