2026-08-12

Propuesta

Proyecto del Gobierno dispone aprobar un plan de inversiones cada cinco años y define a la IA y otros 18 sectores como "prioritarios"

El documento que remitió el Ejecutivo al Legislativo consta de 103 artículos. Entre los rubros priorizados también están las energías renovables, la economía digital y la biotecnología.

Como se había anunciado durante los festejos del 6 de agosto en Sucre, el presidente Rodrigo Paz remitió el martes al Legislativo el proyecto de Ley de Inversiones. Esa propuesta plantea la aprobación de un Plan Nacional de Inversiones (PNI) cada cinco años y define a la Inteligencia Artificial (IA) y a otros 18 sectores como prioritarios, los cuales deberán ser promocionados e incentivados.

La propuesta que realizó el martes el Ejecutivo busca cambiar el modelo boliviano de promoción de inversiones, con un enfoque en el que se ofrezca mayor seguridad jurídica a los inversionistas, menor burocracia y fuertes incentivos tributarios a cambio de que las inversiones generen empleo, divisas, industrialización y aplicación de tecnologías.

“El Órgano Ejecutivo aprobará cada cinco años, mediante Decreto Supremo, el Plan Nacional de Inversiones, como instrumento operativo para la ejecución de la Política Nacional de Inversiones", señala el artículo 11 del proyecto.

Además, en su parágrafo II, señala que este PNI establecerá los sectores prioritarios; las prioridades nacionales; las metas cuantificables; una cartera nacional de proyectos; las estrategias de promoción; los programas de incentivos; los objetivos de inversión pública y privada; las metas de generación de empleo; los objetivos de innovación y transferencia tecnológica; los indicadores de desempeño; y otros aspectos que se consideren necesarios.

En el artículo 12 del proyecto se dispone que el plan “podrá actualizarse cuando existan modificaciones sustanciales en las condiciones económicas nacionales o internacionales que afecten la competitividad del país o el cumplimiento de sus objetivos”.

Los sectores prioritarios

La declaratoria de los sectores prioritarios, de acuerdo con el artículo 13, se establecerá al considerar su capacidad de contribución a la industrialización, diversificación productiva, generación de empleo, incremento de exportaciones y divisas, innovación, transferencia tecnológica, desarrollo de proveedores nacionales y mejora de la productividad.

El documento define 19 sectores, los cuales son: a) Industrialización de recursos naturales; b) Agroindustria; c) Manufactura avanzada; d) Energías renovables; e) Hidrógeno verde; f) Litio y su cadena industrial; g) Minerales estratégicos con valor agregado; h) Economía digital; i) Inteligencia artificial; j) Industria farmacéutica; k) Biotecnología; l) Economía circular; m) Infraestructura logística; n) Transporte multimodal; o) Turismo sostenible; p) Economía del conocimiento; q) Innovación y Tecnologías de la información; r) Desarrollo forestal sostenible; s) Industria cultural y creativa.

Este plan está dentro de los objetivos de la “Policía Nacional de Inversiones”, que también contempla la “Estrategia de Promoción Internacional de Inversiones”, según el parágrafo II del artículo 9 del proyecto.

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Tras haber remitido el proyecto, el vocero presidencial José Luis Gálvez afirmó que la propuesta normativa es el inicio de un proceso de reformas estructurales. “Hoy comienzan las transformaciones efectivas en el marco de proyectos de ley. Y la primera es la Ley de Inversiones”, manifestó el vocero, según un reporte de Red Uno.

El proyecto de Ley de Inversiones consta de 103 artículos, además de tres disposiciones adicionales y siete disposiciones transitorias.

Ese mismo día, el empresario y político Samuel Doria Medina criticó que el proyecto haya pasado directamente del Ministerio de Economía a la Asamblea Legislativa y que esto podría mostrar que los demás ministros no estarían de acuerdo con esta propuesta.

“El proyecto viajó directamente del Ministerio de Economía a la Asamblea Legislativa, porque no se aprobó en el Gabinete. O sea que no es seguro de que todos los ministros estén de acuerdo. ¿Querrán lo mismo de los parlamentarios? ¿Qué aprueben por instrucción superior y no por convencimiento propio? Si así fuese habría que impedirlo”, escribió Doria Medina.

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