Posición
Ley de Inversiones tropieza con el rechazo de los tutistas, Paz la defiende y dice que busca atraer desarrollo
Ni bien se conoció el proyecto de Ley de Inversiones del presidente Rodrigo Paz, la alianza Libre, del expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, descartó respaldar su aprobación en el Legislativo debido a que reconoce los arbitrajes internacionales que prohíbe la Constitución Política del Estado, por lo que primero —consideró— debe encaminarse una reforma parcial del pacto social.
En tanto, Paz defendió desde el Chaco la viabilidad del proyecto de ley enviado al Legislativo el martes, argumentando que permitirá que “vengan inversiones a cada una de las regiones, sin discurso ideológico. A mí no me importa si el dólar viene de la izquierda o de la derecha; yo quiero que el dólar venga, aterrise en Bolivia y genere producción, empleo, industria y desarrollo”.
Esta norma forma parte de un paquete de 12 iniciativas legales a las que el Gobierno pretende dar viabilidad en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde no tiene control. Rodeado de varios legisladores, el diputado José Manuel Ormachea aseguró en conferencia de prensa que, “como está planteado [el proyecto de ley], por supuesto que lo vamos a rechazar".
"Nosotros no vamos a ir en contra de la Constitución Política del Estado, por más que estemos, por supuesto, de acuerdo con que se abran los arbitrajes. Pero para eso se necesita una reforma constitucional; para eso se necesita cambiar la Constitución. No puedes tratar de cambiar la Carta Magna, la ley fundamental, a través de una ley”, afirmó el diputado.
El artículo 99 del proyecto de Ley de Inversiones prevé que “el Estado sólo podrá someter una controversia de inversión a arbitraje cuando exista consentimiento expreso, específico y válido contenido en: a) tratado internacional vigente y ratificado; b) norma de Derecho Comunitario directamente aplicable; c) Contrato de Inversión o Contrato de Inversión de Interés Público; d) contrato de APP; o e) otro contrato de inversión respecto del cual una Ley autorice expresamente el arbitraje”.
Mientras que el artículo 320 de la Constitución prevé que “toda inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las leyes y a las autoridades bolivianas, y nadie podrá invocar situación de excepción, ni apelar a reclamaciones diplomáticas para obtener un tratamiento más favorable”, en tanto que es más específica en el tema de hidrocarburos.
Ormachea también cuestionó la creación —en el proyecto de ley— de la Agencia Nacional de Inversiones porque, en su criterio, incrementa la burocracia y centraliza las decisiones sobre las inversiones en Bolivia.
“Más burocracia, más centralismo, más funcionarios, más presupuesto, más planificación central del Estado, más estatismo y más modelo masista, es decir, no cambian realmente el planteamiento, el esquema del Movimiento Al Socialismo, que buscaba que todas las inversiones pasen primero por un grupo de políticos”, criticó.
Se trata de la primera oposición institucional y abierta al primer proyecto de ley de un paquete de 12 anunciado por el Gobierno para atraer inversiones en sectores estratégicos de la economía, como minería, hidrocarburos y energía. Ante esta eventualidad, Paz abogó para que los legisladores actúen en función de sus regiones y no, necesariamente, de directrices políticas.