2026-08-12

Proceso

Dockweiler afirma que la Alcaldía pagó beneficios sociales tras orden de apremio por deuda laboral

El alcalde de La Paz aseguró que el municipio canceló Bs 82.179 al extrabajador y sostuvo que la obligación corresponde a una gestión anterior. El abogado del demandante señaló que el proceso laboral se prolongó durante aproximadamente dos años.

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, informó este miércoles que la Alcaldía procedió con el pago de los beneficios sociales a un extrabajador del municipio, luego de que se conociera una orden de apremio emitida en su contra por una deuda laboral de Bs 82.179. La autoridad aseguró que la obligación fue cancelada el mismo día en que se conoció la determinación judicial.

“Hoy se ha hecho la respectiva cancelación. Nos dan 72 horas, pero ya se ha resuelto en el día”, afirmó Dockweiler durante una conferencia de prensa. Según explicó, el proceso laboral corresponde a una gestión municipal anterior, que presuntamente no cumplió con el pago de los beneficios sociales del trabajador, según informó Unitel.

Dockweiler sostuvo que este tipo de procesos no son atribuibles directamente a su persona, sino que recaen sobre la autoridad que ocupa la Alcaldía al momento de emitirse las órdenes judiciales. “Son demandas laborales que no son atribuibles a mi persona, son atribuibles a pasadas gestiones. Son por beneficios sociales que no se cumplieron en la anterior gestión y que ahora recae sobre la figura de la autoridad, esto es contra el alcalde. Sea quien sea el alcalde, le llegarán estas órdenes”, explicó.

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La orden de apremio fue conocida este miércoles y, de acuerdo con el abogado del demandante, Freddy Mariscal, fue emitida por el presunto incumplimiento del pago de beneficios sociales a un extrabajador del municipio paceño. El jurista aclaró que se trata de una orden de apremio y no de un mandamiento de aprehensión, y señaló que el proceso se prolongó durante aproximadamente dos años.

Mariscal indicó que la obligación corresponde a los beneficios sociales de un trabajador que prestó servicios durante 23 años y que el municipio debía cancelar más de Bs 82.000. Según el abogado, el juzgado había conminado a la Alcaldía a efectuar el pago en un plazo de tres días, pero sostuvo que la orden no había sido cumplida antes de la emisión del mandamiento de apremio.

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