Violencia
Procuraduría se adhiere a denuncias de víctimas del asalto al Hotel Las Américas e investigación de “terrorismo de Estado”
La Procuraduría General del Estado decidió adherirse a las denuncias de las víctimas del asalto al Hotel Las Américas ante el Ministerio Público, con el objetivo de que se investigue este caso de “terrorismo de Estado” y se determine quiénes han participado, a objeto de que respondan ante la justicia.
“Lo que estamos haciendo es adherirnos a las denuncias que han presentado las víctimas ante el Ministerio Público a efecto de estar a derecho y cumplir con la tercera recomendación de la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH)”, informó el procurador, Hugo León.
Lo importante, dijo, es que “este terrorismo de Estado debe ser investigado, tiene que determinarse quiénes han participado y obviamente su grado de responsabilidad a fin de que respondan ante la justicia”.
Recordó que en el Informe de Fondo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se establecen las acciones que se vienen ejecutando en relación al Caso Tadic Astorga y Otros VS. Bolivia (Hotel Las Américas).
El hecho se registró el 16 de abril de 2009 en la ciudad de Santa Cruz, cuando un operativo policial de élite ejecutó a tres extranjeros: Eduardo Rózsa Flores, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer, acusados de terrorismo y separatismo por el Gobierno del expresidente Evo Morales.
León mencionó las cuatro recomendaciones realizadas por ese organismo al Estado boliviano: reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe, tanto en el aspecto material como inmaterial; disponer medidas de atención en salud física y mental para las víctimas, de manera concertada, necesarias para la rehabilitación de las víctimas.
Además de iniciar una investigación penal diligente y efectiva dentro de un plazo razonable, con el objeto de esclarecer los hechos de manera completa; y adoptar las medidas para evitar hechos similares en el futuro, incluyendo programas permanentes de formación en derechos humanos para la Policía, el Ministerio Público y la Judicatura.
La autoridad precisó que estas recomendaciones no fueron cumplidas por las gestiones de Gobierno anteriores, lo que motivó que el caso fuera remitido a la CIDH y que la audiencia prevista para septiembre, dentro del 195º periodo ordinario de sesiones, no se realice.
León sostuvo que “nos han comunicado mediante esta nota que ha llegado el 10 de agosto, que dicha sesión no podrá agendarse en este periodo ordinario y que esto se va a reprogramar para una fecha posterior”.
Anunció que la Procuraduría, con el fin de cumplir con las recomendaciones emitidas, además de haberse adherido a las denuncias presentadas por las víctimas, remitió comunicaciones al Ministerio Público, la Policía Boliviana y la Judicatura Nacional, con el fin de transversalizar la formación en derechos humanos en sus programas de capacitación.
Sostuvo que, en esta gestión de Gobierno, el Estado boliviano tiene la voluntad de dar cumplimiento a todas las recomendaciones de la CIDH y garantizar el respeto a los derechos humanos.
El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado boliviano por las violaciones ocurridas en el marco de un operativo policial en el Hotel Las Américas, en la ciudad de Santa Cruz.
El 14 de abril de 2009, el Ministerio de Gobierno presentó ante la Fiscalía Departamental de La Paz una denuncia por graves delitos cometidos contra la seguridad interna del Estado. En el marco de dicha denuncia, el fiscal a cargo informó el inicio de investigaciones preliminares sin determinar hechos específicos o la identidad de los autores, según el informe de la CIDH.
La madrugada del 15 de abril de 2009, un grupo de personas no identificadas detonó un artefacto explosivo en el portón de la casa del Cardenal Julio Terrazas, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ocasionando algunos daños en la fachada del inmueble, sostiene.
El mismo día, los referidos representantes del Ministerio de Gobierno ampliaron la denuncia que habían presentado un día antes por los hechos ocurridos en la casa del Cardenal Terrazas.
La madrugada del 16 de abril de 2009, un contingente de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (UTARC), grupo de élite de la Policía Boliviana, ingresó a las instalaciones del Hotel Las Américas, en la ciudad de Santa Cruz, realizó detonaciones en el cuarto piso e irrumpió en las habitaciones disparando sus armas de fuego. Como consecuencia de dicho operativo, Michael Dwyer y otras dos personas murieron y Elöd Tóásó y Mario Tadic fueron detenidos, afirma.
Tadic y Tóásó señalaron que durante su detención y el traslado fueron atados de manos, que sus cabezas fueron cubiertas con alguna tela, mientras eran golpeados reiteradamente y que fueron sometidos a diversos interrogatorios.
Casi al mediodía del 16 de abril de 2009, desde la ciudad de Santa Cruz, el fiscal Marcelo Soza emitió la resolución de aprehensión, argumentando que existía una probabilidad en la autoría del atentado a la casa del Cardenal y que existía un riesgo de fuga al tratarse de ciudadanos extranjeros, sostiene parte del documento de la CIDH.