Hospitales públicos: ¿quién evalúa a los médicos?
La discusión sobre la calidad de la salud pública boliviana suele comenzar por el lugar equivocado. Hablamos de hospitales deteriorados, falta de medicamentos, equipos que no funcionan y presupuestos insuficientes. Todo eso importa, por supuesto. Pero hay una pregunta que suele quedar en segundo plano: ¿qué calidad tiene quien diagnostica, decide, opera, prescribe y finalmente atiende al paciente? Un hospital puede tener recursos limitados, pero la calidad profesional sigue siendo decisiva.
El médico y el personal de apoyo son quienes tienen el contacto más directo con el paciente. Sin embargo, cuando se habla de mejorar la salud pública, la discusión suele concentrarse en edificios, ambulancias, equipos y dinero, y mucho menos en lo que ocurre dentro de los consultorios y quirófanos. ¿Cómo sabemos quién está haciendo bien su trabajo? ¿Quién necesita actualizar sus conocimientos? ¿Y qué ocurre cuando un profesional deja de estar a la altura de las responsabilidades que tiene?
Bolivia tiene universidades públicas y privadas cuestionadas por la calidad de su formación, además de planes de estudio, prácticas y procesos de titulación que también han sido observados. Obtener un título, por sí solo, no garantiza que un médico esté adecuadamente preparado. Pero después aparece un vacío todavía mayor. ¿Quién evalúa al médico diez, veinte o treinta años después de recibir su título? La medicina cambia constantemente. Aparecen nuevos tratamientos, tecnologías, protocolos y conocimientos. El título acredita una formación determinada, pero no garantiza que esa competencia permanezca intacta durante toda una vida profesional.
Durante el gobierno de Evo Morales también surgieron cuestionamientos sobre la formación de estudiantes enviados a Cuba para estudiar medicina, particularmente respecto de la duración y los contenidos de esos estudios. Más allá de esa controversia, debería existir una regla sencilla y aplicable a todos: todo médico debe demostrar conocimientos y competencias, sin importar dónde estudió ni qué institución le otorgó el título. El Estado no debería confiar únicamente en credenciales institucionales o políticas, sino en resultados profesionales verificables.
Entonces surge otra pregunta: ¿los hospitales públicos saben realmente qué tan bien están atendiendo a sus pacientes? No basta con informar cuántas personas fueron atendidas. También sería necesario saber cuántos diagnósticos fueron oportunos, cuánto se cumplen los protocolos, qué resultados tienen los tratamientos, cuáles son las complicaciones, qué reclamos se repiten y qué errores aparecen con mayor frecuencia. Sin esa información, hablar de calidad termina siendo una discusión basada principalmente en percepciones, experiencias individuales y denuncias.
Pero crear una oficina para evaluar médicos tampoco garantiza mejores profesionales. Un examen puede medir conocimientos y una auditoría detectar irregularidades, pero ninguno captura por completo la capacidad profesional. El conocimiento médico está distribuido entre pacientes, colegas, hospitales y profesionales. Ninguna autoridad central puede conocer por sí sola toda esa realidad.
La auditoría médica no debería aparecer únicamente ante una denuncia o un hecho de repercusión pública. Su función debería ser aprender de los errores. Ante un resultado adverso habría que preguntar qué ocurrió, si se aplicó el protocolo, si existían medicamentos y equipos adecuados, si hubo coordinación y qué cambios pueden evitar que vuelva a ocurrir. Una auditoría que solamente busca culpables llega tarde.
También habría que revisar cómo ingresan los nuevos médicos al sistema público. Una evaluación nacional podría ofrecer información comparable sobre conocimientos y competencias, no para reemplazar a las universidades, sino para detectar debilidades y elevar el estándar de la educación universitaria en el área de médicina.
Aquí aparece una pregunta más incómoda: ¿quién controla a los que controlan? Cada nuevo sistema de evaluación necesita funcionarios y procedimientos, y puede terminar produciendo informes y estadísticas que no mejoran la atención. Si se premia solamente atender más pacientes, podemos celebrar la cantidad mientras la calidad queda relegada. Una burocracia puede medir mucho y saber muy poco.
El problema se vuelve más delicado cuando aparece la política. Si el acceso y la permanencia en cargos médicos responden a favoritismos y no al mérito, se debilitan los incentivos para la excelencia y se perjudica al paciente. Por eso, la permanencia en el sistema público debería depender de evaluaciones objetivas y periódicas de conocimientos y desempeño. La evaluación debe reemplazar al padrinazgo político como criterio de confianza.
El Estado debe proteger al paciente ante la enorme asimetría de información, pero regular no significa mejorar. Un mal resultado no siempre implica incompetencia médica: pueden existir falta de medicamentos, equipos defectuosos, sobrecarga laboral o mala organización. Sin embargo, las deficiencias institucionales tampoco justifican la negligencia profesional. La evaluación debe distinguir claramente las responsabilidades del médico y de la institución.
Por eso, la salud pública boliviana necesita algo más que aumentar controles. Necesita información útil, incentivos adecuados y consecuencias claras. El buen profesional debe ser reconocido, quien necesita mejorar debe capacitarse y las deficiencias graves deben producir decisiones. Las universidades deberían conocer el desempeño de sus egresados y los hospitales aprender de sus errores.
La pregunta inicial debe cambiar. Ya no basta preguntar quién controla al médico después de obtener su título. Hay que preguntar qué incentiva al médico a seguir siendo un buen médico durante toda su carrera y quién controla a quienes lo evalúan. Esto obliga a mirar menos los organigramas y más los resultados. La calidad no aparece porque una autoridad la ordene, sino cuando existen conocimiento, responsabilidad, información y consecuencias.