Santa Cruz
Agropecuarios y cañeros se suman a las voces de rechazo al DS 5676 y advierten riesgos para la producción de alimentos
A los pronunciamientos de mineros, transportistas y cooperativistas en rechazo al decreto supremo 5676, de ajustes en el precio del diésel, la tarde de este lunes se sumaron la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Comisión Nacional de Productores Cañeros de Bolivia (Concabol). Los primeros advirtieron riesgos para la producción de alimentos, por lo que anticiparon que no asumirán responsabilidades.
El decreto, que inicialmente eleva a Bs 18 el precio del litro de este combustible para grandes consumidores que adquieren el producto de manera directa, fue lanzado la madrugada de este lunes. El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, explicó que es la medida “más adecuada” para resolver la escasez del diésel y explicó que sólo afecta solo a tres segmentos de consumidores y no a los transportistas.
No obstante, dirigentes de los transportistas, de los mineros del sector aurífero y del Comité de Defensa del Productor expresaron su rechazo a la normativa, alegando, entre otras cosas, que podría incentivar la reventa y el mercado informal de carburantes, sin resolver de forma estructural la situación actual.
A esta cadena de rechazos se sumó la CAO, que emitió un pronunciamiento en el que denuncia un trato discriminatorio para este sector y advierte que “la aplicación de precios diferenciados es un incentivo al agio, la especulación, el mercado negro y la corrupción, que son los principales problemas que han originado el desabastecimiento de diésel”.
En una conferencia de prensa, el presidente de esta organización, Klaus Frerking, dio lectura al pronunciamiento, en el que además se advierte sobre los riesgos para el desabastecimiento de alimentos. Dijo además que hay un "trato discriminatorio del gobierno a los pequeños, medianos y grandes productores al implementar un precio diferenciado en el diésel con respecto a otras actividades económicas".
“Esto significa un incremento directo de los costos de producción que con seguridad inviabilizará a diversas unidades productivas, con la correspondiente reducción de la oferta de alimentos a la población nacional. Por tanto, los productores agropecuarios no nos hacemos responsables del desabastecimiento de alimentos que pueda presentarse por esta causa”, se lee en el documento.
De igual forma, la Concabol emitió un comunicado en el que hace conocer su “rechazo categórico” a esta medida “por considerar que genera una profunda desigualdad y discriminación hacia los sectores productivos del país”.
Ante ello, exigió que se deje sin efecto el DS 5676; se destituya a la Viceministra de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, Tatiana Corina Genio Patzi; se defina un “precio justo” para el diésel, se liberen las exportaciones y se promulgue “un Decreto Supremo que incentive y facilite la importación de vehiculos Flex Fuel con tecnologia brasileña, permitiendo el uso de mezclas alcohol y promoviendo de manera efectiva el desarrollo y consumo de biocombustibles producidos en Bolivia”.
Los cañeros anuncian, además, que se declararon en emergencia nacional y que esperan del Gobierno una “respuesta inmediata” a sus exigencias.
Ya durante la mañana varios sectores se pronunciaron contra el decreto sobre el diésel y demandaron al gobierno reuniones para recibir mayores detalles, mientras autoridades del Ejecutivo explicaron que la medida no afectará a los transportistas, sino a los grandes consumidores.
“Los grandes consumidores son aquellos que consumen más de 20.000 litros y recogen de las plantas de YPFB o de importadores privados. Los consumidores directos también recogen de las plantas de YPFB o de privados, mientras los usuarios directos recogen combustible en estaciones de servicio, pero fuera del tanque, o sea, en turriles o en tanques especiales”, explicó el titular de YPFB.