Fiscalización
Desde el Legislativo exigen investigar a Cerimedo y hasta plantean comisión de la OEA
Mientras el presidente Rodrigo Paz y su gobierno guardan silencio sobre las actividades y la relación con el poder de Fernando Cerimedo, se articula la presión política para esclarecer —mediante una investigación tanto nacional como de la Organización de Estados Americanos (OEA)— el alcance de las acciones del argentino, quien está acusado de tentativa de feminicidio.
Cerimedo permanece detenido en la cárcel cruceña de Palmasola a raíz de la denuncia por el intento de feminicidio contra Nadia Beller. El hecho no solo destapó un escándalo personal, sino también denuncias de corrupción relacionadas con combustibles y seguros que vinculan a la familia de Paz, además de la conformación de un equipo de élite policial que dependía del consultor argentino, entre otras irregularidades.
El caso trascendió el ámbito meramente jurídico para instalarse en el plano político debido a sus implicancias con la administración de Paz. El portavoz José Luis Gálvez admitió que Cerimedo mantuvo contactos con Paz durante la campaña y, en algunas ocasiones, durante su gestión gubernamental, pero descartó emitir valoraciones sobre las denuncias de Beller, bajo el argumento de que decidieron dejar en manos de la Justicia la dilucidación de su veracidad.
Sin embargo, desde la Asamblea Legislativa Plurinacional cuestionan el “silencio” de Paz, quien hasta el momento no se ha pronunciado sobre quien se identifica como su asesor. En las últimas horas se han intensificado las voces que exigen una investigación transparente para determinar la magnitud y el alcance de la influencia del consultor argentino.
“Unidad Nacional hace un llamado al gobierno y al Parlamento para que traten este caso como lo que es, es decir, un hecho con fuertes implicaciones y consecuencias políticas. Pedimos que se investigue el caso por completo, hasta las últimas consecuencias y caiga quien caiga”, demandó la jefa del partido, Elizabeth Reyes.
Unidad Nacional forma parte de la alianza Unidad, liderada por Samuel Doria Medina, la tercera fuerza en el Legislativo. El político y empresario oficializó el 22 de julio su alejamiento del gobierno de Paz, atribuyéndolo a la inacción frente a casos de corrupción y a la forma de administrar el Estado.
Por su parte, desde el partido Libre, del expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, también se exigió una investigación, pero con la participación de un organismo internacional. El diputado Edgar Zegarra informó que propondrá en la próxima sesión de la Cámara de Diputados una resolución camaral para que el Ejecutivo gestione la creación de una comisión investigadora de la OEA.
“Lo más sano es que se conforme una comisión internacional, porque hoy en día veo posiciones del gobierno que pretenden negar a Cerimedo, cuando se sabe que ha sido el asesor personal del presidente. Este último tiene la obligación —como primer mandatario de Bolivia— de dar una respuesta al pueblo boliviano, porque Bolivia merece respeto”, afirmó Zegarra.
Desde Santa Cruz, la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, María René Álvarez, exigió también una investigación seria, exhaustiva y transparente sobre el caso Cerimedo, al considerar que las denuncias de Beller comprometen la institucionalidad del gobierno.
“Se tienen que esclarecer las distintas denuncias con las pruebas correspondientes”, insistió, en coincidencia con el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, Rufo Calle. “El presidente y su entorno tienen que ser investigados. Habíamos tenido un asesor extranjero que nada tiene que ver con nuestra patria; eso está muy mal”, cuestionó el legislador departamental.
Cerimedo se encuentra recluido en la cárcel de Palmasola por un plazo de 180 días, mientras que en La Paz es investigado por enriquecimiento ilícito. El consultor negó la acusación de tentativa de feminicidio contra su pareja, pero reafirmó su relación de asesoría con Paz, a pesar de que el Gobierno busca marcar distancia.