Informe
Fundación Milenio advierte que Bolivia es vulnerable a la convergencia entre poder autoritario y la criminalidad y plantea reformas
La Fundación Milenio advirtió que Bolivia se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad frente a la expansión del crimen organizado y la captura de instituciones estatales, debido a la convergencia entre intereses políticos, económicos y redes criminales.
La alerta está contenida en el informe “Un campo minado: economías ilícitas, captura institucional y erosión del tejido social”, elaborado por los investigadores Henry Oporto y Ricardo Calla, presentado este jueves en La Paz junto con el estudio regional “Grietas en el sistema: una evaluación de la vulnerabilidad a la captura autoritaria en América Latina”, impulsado por el Centro de Estudios de la Democracia (CSD) y la Fundación Milenio.
El estudio regional evaluó a 24 países de América Latina en 2021, 2023 y 2025 a partir de cuatro variables: fragilidad institucional, restricciones al espacio cívico, penetración criminal y exposición externa. Bolivia figura entre los cinco casos analizados en profundidad, junto con México, Colombia, Argentina y Venezuela.
En el caso boliviano, el informe sostiene que durante el periodo 2006-2025 se produjo una expansión de economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal de oro, el contrabando, el lavado de dinero y el tráfico de armas.
Según el diagnóstico, ese crecimiento estuvo acompañado por una creciente influencia de facciones político-partidarias, organizaciones sindicales e intereses corporativos sobre instituciones y poderes locales, generando condiciones para la penetración del crimen organizado y la corrupción.
El documento señala que las autoridades identificaron al menos 17 clanes narcotraficantes en 2025 y menciona como parte de este escenario los escándalos vinculados a los denominados “narcogenerales” dentro de la Policía, además de cuestionar la independencia del sistema judicial.
Otro elemento de preocupación es el retorno de Bolivia, en junio de 2025, a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), debido a deficiencias identificadas en la lucha contra el lavado de activos.
El estudio “Grietas en el sistema” plantea que uno de los principales problemas no es la ausencia de instituciones, sino que varias de ellas funcionan principalmente “en el papel”. Entre los ejemplos menciona los mecanismos de control legislativo, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y los organismos encargados de regular el comercio de minerales.
La Fundación Milenio considera que estas estructuras requieren mayor autonomía, recursos y capacidad de aplicación efectiva, en lugar de la creación de nuevas entidades que terminen teniendo limitaciones similares.
“No basta con describir el elefante en la habitación que son las economías ilícitas en Bolivia”, afirmó en la presentación Henry Oporto, director de la Fundación Milenio, quien demandó una Policía profesional y despolitizada, una justicia independiente y una UIF con autonomía real.
Cuatro ejes de reforma
El informe propone una “estrategia democrática de seguridad pública” sustentada en cuatro líneas de acción.
La primera plantea la profesionalización y despolitización de la Policía Boliviana, además de una nueva política penitenciaria. La segunda propone la regeneración del sistema judicial y del Ministerio Público mediante un “Pacto Nacional por la Justicia” destinado a garantizar su independencia.
El tercer eje apunta a fortalecer la UIF y los mecanismos de rastreo del lavado de dinero, en concordancia con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Finalmente, la Fundación Milenio plantea aprobar una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y una Ley de Contrataciones Estatales, debido a que, según el informe, Bolivia se encuentra entre los pocos países de la región que todavía carecen de este tipo de normas.
El diagnóstico también aborda la nueva etapa de cooperación antidrogas de Bolivia con Estados Unidos, la Unión Europea y países vecinos, a partir del retorno de la DEA al país, y advierte sobre los desafíos que esta cooperación puede generar en materia de soberanía.
Oporto sostuvo que el nuevo ciclo político representa una oportunidad para enfrentar las debilidades institucionales, pero advirtió que el desafío no se resolverá únicamente mediante cooperación internacional o detenciones.
“La ventana de oportunidad de un nuevo ciclo político boliviano no se aprovechará solo con más cooperación internacional o más detenciones espectaculares”, afirmó, al plantear que el objetivo central debe ser fortalecer el Estado de derecho y cerrar las brechas de transparencia y gobernanza que, según el informe, facilitaron la captura institucional durante las últimas dos décadas.