Polémica
Paz afirma que el proyecto de ley de “autos chutos” debe ser debatido y destaca posibles ingresos para los municipios
El presidente Rodrigo Paz Pereira afirmó que el proyecto de ley para regularizar los denominados “autos chutos” debe ser debatido en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y sostuvo que se debe encontrar una solución para los vehículos indocumentados que actualmente circulan en el país.
“El proyecto de ley de autos chutos tiene que ser debatido, porque alguna solución hay que darle a los autos chutos”, afirmó Paz.
El mandatario señaló que estos vehículos ya circulan por las carreteras bolivianas y consumen combustible, por lo que consideró que su eventual legalización también podría generar recursos para los gobiernos municipales mediante el pago de impuestos.
“Los autos chutos consumen combustible, están por nuestras carreteras, pero además los autos chutos al legalizarse serían grandes ingresos para los municipios”, sostuvo.
Paz explicó que los propietarios de los motorizados pagarían impuestos en sus respectivos municipios y consideró que, por la cantidad de vehículos involucrados, la recaudación podría representar un ingreso importante para las regiones, en un contexto marcado por la falta de recursos.
“Por los números que indican, eso sería para cada región o para cada municipio un ingreso enorme hoy que tanto falta en recursos”, manifestó.
El presidente Paz recordó que la regularización de los vehículos indocumentados fue una de sus propuestas durante la campaña electoral. “Yo lo propuse durante la campaña, no podemos negar”, afirmó.
El tema volvió a la agenda pública a principios de julio, después de que el diputado de la alianza Libre, Reinaldo Seas, presentara un proyecto de ley para la legalización y nacionalización de estos motorizados. El legislador estimó que existen más de 500.000 vehículos indocumentados en Bolivia y calculó que su regularización podría generar alrededor de $us 6.000 millones.
En ese momento, el entonces ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, expresó una posición favorable a la iniciativa, aunque planteó que la eventual norma debía excluir vehículos robados o vinculados con hechos ilícitos. También propuso el pago de los tributos omitidos y una multa como mecanismo para desincentivar el ingreso ilegal de motorizados.
Sin embargo, la propuesta generó rechazo incluso dentro de la alianza oficialista. El gobernador de Santa Cruz, José Pablo Velasco, calificó la eventual nacionalización como un “premio” a la ilegalidad y advirtió que podría incentivar nuevas internaciones de vehículos de contrabando y fortalecer economías ilícitas. La Cámara Automotriz Boliviana y dirigentes del transporte federado también expresaron su oposición.
Días después, el Gobierno había señalado que la decisión sobre la nacionalización debía ser debatida por la Asamblea Legislativa. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó el 8 de julio que el Ejecutivo era consciente de que existían sectores a favor y en contra y que asumiría una posición cuando la eventual ley llegara al Órgano Ejecutivo para su evaluación.
“Es algo que tiene que debatirse en esa esfera (la legislativa)”, había señalado Gálvez, quien añadió que el Gobierno tendría que evaluar la “pertinencia y forma de aplicación” de la norma antes de definir su posición.
El jefe de la alianza Libre, Jorge “Tuto” Quiroga, en tanto, anticipó el rechazo de su bancada al proyecto, pese a que la iniciativa había sido presentada por uno de sus diputados.