Proceso
El Legislativo tiene 72 horas para avalar el estado de excepción de Paz; la medida se apoya en informes de conflictividad y la OEA
Informes sobre la persistencia de riesgos y factores de conflictividad, además de una recomendación del informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA), se exponen como argumentos en el Decreto 5707, que amplía el estado de excepción por otros 90 días. El Legislativo tiene 72 horas para avalar o no la medida, pero, mientras se toma una decisión y más allá de ese plazo, se mantendrán las restricciones.
La noche del lunes fue publicado en la Gaceta Oficial el decreto de extensión de la medida dictada el 20 de junio (Decreto 5636), para contener y neutralizar el bloqueo de 53 días que exigía la dimisión del presidente Rodrigo Paz. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, explicó que la decisión responde únicamente a preservar la paz social ante amenazas de rebrote de conflictos.
Los argumentos para la ampliación de la medida dan cuenta de informes de los ministerios de Defensa y de Gobierno que alertan sobre “la persistencia de riesgos y factores de conflictividad que afectarían la estabilidad del orden público, expresados en amenazas y advertencias provenientes de determinados sectores movilizados”, aunque no los menciona.
Además, en la norma se advierte sobre la posibilidad de reactivación de bloqueos de caminos que, “por su naturaleza y eventual intensidad, generarían escenarios de desestabilización del orden público y afectarían el normal funcionamiento de las instituciones y las actividades económicas y sociales del país”.
También se apoya en una de las recomendaciones del informe de la OEA titulado Situación del Estado Plurinacional de Bolivia, acerca de “proteger el derecho a la protesta pacífica, garantizando también los derechos de terceros a la vida, la salud, la alimentación, el libre desplazamiento y el acceso a otros servicios esenciales, así como desarrollar los arreglos necesarios para cuidar la infraestructura crítica y el establecimiento de corredores humanitarios y logísticos en eventuales nuevos momentos de protesta, de acuerdo con el marco constitucional vigente y el Estado de derecho”.
El Decreto 5707 de ampliación mantiene las restricciones y otras medidas orientadas a garantizar la tranquilidad social. Una vez publicado el decreto, el vicepresidente Edmand Lara tiene 24 horas para convocar a una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional para aprobar o ratificar la norma, por tiempo y materia, en un plazo de 72 horas.
Sin embargo, la Ley de Regulación de Estados de Excepción, en su parágrafo V del artículo 13, prevé una salvedad recordada en el Decreto 5707: “Si el Órgano Legislativo sobrepasare el plazo constitucional para la vigencia del estado de excepción, de manera excepcional se mantendrán las medidas asumidas hasta la resolución de la Asamblea Legislativa Plurinacional”.
En el Legislativo no existe un criterio unánime. El expresidente y jefe de Libre, Jorge “Tuto” Quiroga, advirtió el lunes que, de ampliarse el estado de excepción, se afectaría el proceso urgente hacia la reforma constitucional, lo que implicará —aseguró— postergar la atracción de inversiones en rubros clave como el de hidrocarburos.
Ministros acudirán al Legislativo
Justiniano informó que los ministros acudirán al Legislativo a explicar y defender la necesidad de extender estas restricciones, en momentos en los que se anuncian protestas sociales por los problemas derivados de la escasez de combustibles, principalmente de diésel.
A pesar del estado de excepción, hubo bloqueos en la carretera Santa Cruz-Beni por parte de productores que rechazaban el Decreto 5676 de subida del precio del diésel para grandes consumidores.
En este y otros casos, dijo Justiniano en DTV, "hemos actuado operativamente ante la instalación de bloqueos: en algunos puntos intervenimos de manera directa, en otros la presencia policial y militar tuvo un carácter disuasivo y en diversos escenarios priorizamos las mesas de diálogo. La protesta pacífica está plenamente garantizada, pero el bloqueo de vías es un delito que no será tolerado".