Delincuencia
Experto en seguridad afirma que detrás de asesinatos en San Ignacio está la disputa por bienes, negocios e inversiones de Marset
Detrás de los asesinatos registrados en los municipios de San Ignacio, San Matías y Puerto Quijarro, en el departamento de Santa Cruz, está una feroz disputa entre la organización creada por el narcotraficante Sebastián Marset, que ahora es dirigida por el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho, por los bienes, inversiones y negocios, además del territorio, con el Primer Comando de Uruguay (PCU), vinculado al ciudadano uruguayo, que se encuentra preso en los Estados Unidos.
Estas actividades ilícitas inciden principalmente en las poblaciones que se encuentran en la frontera con Brasil: San Ignacio, San Matías y Puerto Quijarro, debido a que la banda delincuencial de Marset “no ha muerto” porque él se encuentre detenido en los Estados Unidos.
“Precisamente esa organización que es la más fuerte y que está liderando el PCC, el Comando Vermelho; hay una coalición de otros criminales colombianos y el Primer Comando del Uruguay del propio Marset, que está todavía vigente”, sostuvo el experto en temas de seguridad, Jorge Santiestevan, a radio Erbol.
Sostuvo que la violencia que se registra en Santa Cruz es porque ambos grupos “están diputándose los bienes, el negocio, las inversiones de la banda y el territorio, entonces, todo aquel que no cumple, el que no obedece, es acribillado por sicarios".
Precisó que la base de las operaciones se encuentra en San Ignacio y tienen otras en San Matías, aunque “la madre de las bases de operaciones es el trópico de Cochabamba”.
Según el experto, es por eso que se está viendo en esos lugares los asesinatos por sicarios. Hay dos clases de sicarios: el sicario que es contratado para hacer el trabajo, esos son sicarios contratados.
“El sicario profesional narco o sea el ‘narcosicario’, es el que forma parte de la organización criminal, esos están tan bien entrenados, (…) se tienen que cerciorar que el objetivo esté eliminado (…); entonces esos matan, así como han muerto los dos últimos en San Ignacio”, dijo en relación a los asesinatos de dos jóvenes la noche del lunes.
Solo en las últimas 48 horas, se registraron cuatro asesinatos en San Ignacio de Velasco, atribuidos a ajustes de cuentas de grupos ligados con el tráfico de drogas.
Pero Santiesteban cuestionó los informes oficiales que reportan que, en 2026, se hayan registrado solo 43 asesinatos; “son cerca de 60, porque, ¿por qué 60? Porque hay desaparecidos, hay personas que no han reportado la desaparición de la gente y, básicamente en lo que va del año van cerca de 60 muertes”, manifestó.
El entrevistado describió como “el corredor de la muerte” a los municipios que se hallan en la frontera, porque es donde se hallan ubicados los narcotraficantes a los que describió como de “niveles intermedios”, que no son los autores intelectuales de todo lo que está ocurriendo, sobre todo en Santa Cruz.
“Ellos están cómodamente en sus mansiones, en sus haciendas, en sus propiedades, pero también están en la ciudad cómodamente están ahí, pero ordenan lo que ocurre, claro, el negocio sucio, la actividad sucia la ejecutan los sicarios”, dijo en relación a los que instruyen estos asesinatos.
Explicó que el vínculo de esa organización delincuencial con el trópico del Chapare, en el departamento de Cochabamba, se da porque el narcotráfico tiene controlados a varios municipios, entre ellos Villa Tunari, Kilómetro 7, de la carretera Nueva a Santa Cruz, que es el tramo inicial de la principal ruta que conecta Cochabamba con el Chapare (Villa Tunari) y Santa Cruz; y El Castillo, una comunidad situada en alrededores de Villa Tunari.
“En el trópico son varios municipios que tienen prácticamente controlados, empezando desde Villa Tunari, Kilómetro 7 y El Castillo, hacia el interior hay diferentes sendas en las que los municipios están prácticamente controlados y donde tienen su centro de operaciones”, precisó.
También mencionó a Shinahota: es un lugar muy concurrido, prácticamente controlados por ellos, e Ivirgarzama, entre otros, pero principalmente son esos.
Describió que el relacionamiento de esas poblaciones del trópico de Cochabamba con los cárteles que operan en la frontera con Brasil se debe a que las mafias internacionales están fusionadas con los grupos delincuenciales internos del país, lo que denominan los “clanes familiares”.
Estos grupos familiares que son los que cultivan la coca excedentaria, son los que abastecen a las fábricas y a los laboratorios y; quienes acumulan y ponen a la coca ilegal en los mercados ilícitos, son los sindicatos, los narcosindicatos, que son los llevan a las fábricas, esa es la primera fase de la gestión, explicó.
La otra fase, dijo que es la acumulación de la pasta base, de la producción no solo hecha en Bolivia, sino la que traen de Perú y luego la cristalizan y la envían al exterior; ambas tareas se realizan en el Chapare, porque en San Ignacio no hay plantaciones de coca, manifestó.
“En San Ignacio no hay plantas de coca, hay fábricas, si de cristalización en toda esa región y lo que es el Parque Nacional Huanchaca, lo mismo es en el Parque del Amboró y luego el Tipnis, así funciona el sistema”, según Santiestevan.
Finalmente, hay otro grupo que es el recolector; otro es el grupo transportador y; el grupo comercializador; "ésta es una corporación enorme, grande donde se manejan millones de dólares al día, porque las avionetas no paran de salir", informó.
Aunque se ve que en San Ignacio y en toda esa faja de frontera con Brasil está la Policía Boliviana, en cumplimiento del "Plan de Fronteras Seguras", no está dando resultado, debido a que no hay una decisión firme de luchar de frente con el narcotráfico, pero esa no es responsabilidad de la Policía, sino de las autoridades políticas, afirmó.
Ante esta situación, planteó que se tiene que emplear a las unidades militares que están en la frontera, en San Ignacio, en San Matías, además de puestos militares a lo largo de esa frontera.
Consideró que para que haya resultados en la lucha contra el crimen, con el "Plan Fronteras Seguras", hay que hacer participar al Ejército, las Fuerzas Armadas y la Policía, de manera conjunta.
“Para eso yo considero que deberían traer al Comando Estratégico Operacional de los tres que hay a establecer su puesto de mando en San Ignacio, porque al final el puesto de comando delincuencial criminal del narcotráfico, lo han puesto ellos en San Ignacio, porque ahí está la zona de operaciones”, planteó.
Sin embargo, reconoció que esa medida no es suficiente; además, se tiene que darles a vehículos, gasolina, algún equipamiento especial para que empiecen a trabajar.
Para Santiestevan, el Estado boliviano está completamente debilitado para controlar por medios aéreos el traslado de droga, porque no tiene con qué; si bien hay unos radares que no funcionan, pese a que su adquisición costó $us 200 millones al país.
Además, dijo que la Policía no cuenta con aeronaves de interdicción y no descartó que además tengan problemas por el desabastecimiento de combustible, lo que limita sus operaciones de interdicción.
“Tenemos un Estado completamente quebrado, la Policía no recibe los medios que debería tener para combatir a los criminales y; los criminales saben y conocen esa debilidad, eso se arrastra desde hace tiempo”, manifestó.