Oviedo y Justiniano sustentan ampliación del estado de excepción en amenazas y limitaciones logísticas de la Policía

Los ministros de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y de Defensa, Ernesto Justiniano, justificaron ante la Asamblea Legislativa la solicitud del Órgano Ejecutivo de ampliar el estado de excepción por 90 días, basados en 12 informes emitidos por la Policía, las Fuerzas Armadas y las carteras que dirigen, que identifican factores de riesgo, amenazas públicas, declaratorias de estados de emergencia de sectores sociales y limitaciones logísticas de la Policía Boliviana para atender conflictos simultáneos.

Esta tarde, la Asamblea Legislativa se instaló a las 16:00 para debatir el Decreto Supremo 5707, aprobado y remitido para su consideración, y decidir si aprueba o no la medida de excepción, en medio del rechazo y respaldo de los diputados y senadores y amenazas de varios sectores sociales, que estuvieron movilizados durante más de 50 días, entre mayo y junio del presente año.

Oviedo se refirió al sustento técnico de la solicitud, basado en 12 informes, de los cuales ocho fueron remitidos por el Comando General de la Policía, dos por el Ministerio de Gobierno, uno por las Fuerzas Armadas y uno por el Ministerio de Defensa, los cuales identifican factores de riesgo vigentes en contra de la tranquilidad en el país.

Entre ellas, mencionó las amenazas públicas, declaratorias de estados de emergencia, bloqueos focalizados e investigaciones sobre la delincuencia organizada en el Chapare, en Cochabamba, y San Matías, en Santa Cruz.

Precisó que otra causa que obliga a pedir la ampliación de esa medida se debe a que se identificaron limitaciones de la Policía Boliviana en la cantidad de personal, equipamiento y logística para atender conflictos sociales simultáneos.

Dijo que, a pesar de la vigencia del estado de excepción, se mantienen focos diferenciados de conflictos en La Paz, El Alto, Senkata, San José, San Julián, Potosí, Tarija, Oruro y Chuquisaca, los cuales permanecen bajo seguimiento.

La autoridad advirtió que se tienen amenazas identificadas y se advierte una eventual rearticulación de bloqueos, paros, marchas e irrupción de carreteras, que pueden impedir la llegada de medicamentos, alimentos, combustibles, entre otros insumos, a las ciudades.

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También mencionó escenarios de confrontación sobre los cuales se declararon alertas tempranas, entre ellas, las convocatorias a ampliados, estados de emergencia, ultimátum, coordinación entre diferentes sectores y la reactivación de bloqueos en semanas previas a que se cumplan los 90 días del estado de excepción, entre ellos la toma del retén en Villa Tunari, el 2 de septiembre, y una marcha cocalera que se realizó en Cochabamba el pasado 4 de septiembre.

Oviedo sostuvo que el principal riesgo, posterior al 18 de septiembre, es que se asuman medidas de protesta en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca.

Previamente, la autoridad se refirió a los más de 50 días de bloqueo, que provocaron la pérdida de $us 3.000 millones, según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), y que la Cámara Departamental de Industria de La Paz reportó pérdidas por el corte de vías, que impidieron el ingreso de insumos, abastecimiento de combustibles y la circulación de productos. Dijo que las pérdidas que se registraron por día fueron de $us 56 mil y $us 400 mil por semana.

Se verificaron 123 heridos y 22 perdieron la vida, ninguno de esos fallecimientos fue provocado por las fuerzas del orden; de ese total, 56 son policías heridos, cinco periodistas fueron blancos de agresiones físicas y otros verbales; además, mencionó que las protestas tuvieron “financiación del narcoterrorismo”, y recordó que la Policía secuestró Bs 8 millones de Bs a financiar los bloqueos, informó.

También se provocaron problemas para acceder a los servicios médicos, casos dolorosos de personas que no pudieron llegar a centros de salud, otras desistieron de tratamientos oncológicos y se reportó la falta de oxígeno medicinal y soluciones para diálisis durante el conflicto.

Dijo que, a consecuencia del corte de vías, más de 5.000 conductores del transporte pesado quedaron secuestrados en las carreteras.

En cumplimiento de la Ley 1740 y el Decreto Supremo 5636, informó que se realizaron 12.900 operativos, se movilizaron 109.000 efectivos y 26.000 como apoyo complementario a la Policía, se utilizaron 22.267 medios de transporte en logística y se desactivaron 151 bloqueos y 20 arrestos y aprehensiones a nivel nacional.

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Oviedo sostuvo que lo que se busca con esta ampliación es proteger los derechos de la gente, evitar que los bloqueos causen un daño y dolor, mientras se anuncian octubres negros; la realidad nos enseña que esa época representa la siembra grande, lo mismo en el resto del país, los productores preparan sus actividades para los siguientes meses.

Se refirió al informe de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que realizó un seguimiento a la crisis política que enfrentó el país y que advirtió del peligro de bloqueos violentos para la democracia, los bloqueos coercitivos e intentos de grupos para provocar la renuncia del presidente.

Y que advirtió que se amenazó la institucionalidad del país, lo que se constituye en un precedente peligroso, así como la instrumentalización de las demandas sociales, que provocan el debilitamiento de las instituciones estatales.

También se refirió a una de las recomendaciones de la misión, sobre la obligación de proteger el derecho a la protesta pacífica, garantizando los derechos de terceros, el acceso a servicios esenciales, y establecer corredores humanitarios y logísticos y proteger la infraestructura crítica durante las movilizaciones.

El ministro Justiniano, en su intervención, sostuvo que, a partir de la dictación de la medida de excepción, hubo una reducción paulatina de los bloqueos; sin embargo, advirtió que eso no quiere decir que las causas que los provocaron hayan desaparecido.

Mencionó que, en los pasados días, la Defensoría del Pueblo reportó 20 conflictos ligados con temas económicos; también mencionó los bloqueos en el puente de San Pablo, San Julián, Los Troncos y Cuatro Cañadas, registrados durante la vigencia de la medida de excepción.

Dijo que, si bien la modalidad de bloqueo disminuyó considerablemente, no desapareció, y que el deber del Gobierno es evitar que se vuelva a llegar a extremos.

Según Justiniano, el territorio nacional enfrenta diferentes niveles de riesgo; de acuerdo con la evaluación técnica, hay niveles altos en Santa Cruz, La Paz y El Alto; muy altos en Potosí y Oruro, y poco en Pando.

Precisó que en la Policía mantiene el mando primario; los informes indican falta de personal, combustibles y otros cuando se registran varios conflictos; por ello, el apoyo de las Fuerzas Armadas debe ser en el marco de las formalidades legales.