Secretario de Seguridad Ciudadana de Santa Cruz revela que hacendados eran extorsionados por delincuentes a cambio de seguridad

Jorge Santiestevan, secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Santa Cruz, reveló hoy que hacendados eran extorsionados para pagar un monto de dinero por la seguridad que les proporcionaban los delincuentes en varios municipios donde se registra una ola de asesinatos vinculados al narcotráfico.

“Las extorsiones se estaban ya dando, en el hecho de que como ya no había autoridad, tenían que pagar un impuesto a la seguridad que les daba el delincuente, y que no podían hacer una denuncia, le cortaban la cabeza”.

“Es que hay gente que lo hace, (…) ¿por qué? porque al final de cuentas más vale su seguridad y no le estoy hablando de todos, pero estaban llegando a eso, es decir si se les da en ganado, se les da en dinero o algo, ese es un asunto que no se lo van a escribir en un contrato, se tiene que profundizar en la investigación”, dijo en entrevista con radio Fides.

Santiestevan hizo estas revelaciones en una coyuntura en la que varios municipios que se encuentran en la frontera con Brasil enfrentan la presencia de grupos de sicarios que quitaron la vida a varias personas. Solo en la última semana, cuatro personas fueron acribilladas, lo que obligó a activar el Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana, que asumió medidas de emergencia.

Una de ellas se refiere a la creación de un Comando Conjunto de Lucha contra el Crimen Organizado, con sede principal en San Ignacio de Velasco, que funcionará por un plazo inicial de seis meses y que ese plazo puede prorrogarse hasta 12 meses.

En la resolución se detalla que este comando, conformado por la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, priorizará los trabajos en frontera con Brasil, en municipios como San Ignacio de Velasco, San Matías, Puerto Quijarro y demás zonas identificadas como de alto riesgo criminal.

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Santiestevan advirtió que, si no se llegaba a controlar esta situación, se iban a organizar movimientos paramilitares para dar supuestamente protección y sacar dinero de forma permanente a todo el que invierte en el campo, porque así lo hacen, por ejemplo, en Paraguay.

Sostuvo que esa situación se dio en varios municipios, aunque precisó que San Ignacio se estaba convirtiendo en la base de las operaciones del crimen organizado, por la escasa presencia policial y militar.

En San Ignacio de Velasco solo había 10 policías y en San Matías no había más de seis, quienes no tenían órdenes para combatir la delincuencia que se registra en estos municipios, dijo.

Debido a esas condiciones, es ahí donde fueron los criminales a establecerse porque “saben que el policía gana poco, saben que el policía no tiene armamento y saben que lo pueden sobornar”, y las actividades delincuenciales fueron creciendo en toda la Chiquitania, parte de la capital del departamento.

Santiestevan explicó que esa situación se dio porque los grupos delincuenciales vieron la debilidad que se registraba en estas poblaciones, que son las que se encuentran en la frontera, donde traficaban droga hacia Brasil.

“Claro que se establecieron muy bien, no se vayan a extrañar las autoridades de Gobierno si encuentran haciendas a nombre de terceros, pero como palos blancos, inversiones enormes y mucha gente del exterior ha venido a comprar a esas lomas”.