Medidas
El Gobierno defiende el alza del diésel, ofrece diálogo y advierte con sanciones
El Gobierno salió en defensa este sábado de la eliminación del subsidio al diésel y abrió las puertas al diálogo para escuchar propuestas de los sectores disconformes; no obstante, advirtió que cualquier medida de presión será contenida y los responsables resultarán sancionados en el marco del estado de excepción vigente en el país.
Los ministros de la Presidencia, Fernando Aramayo; de Economía, Christian Morales, y de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, salieron de forma conjunta en conferencia de prensa para respaldar la eliminación del subsidio al diésel, y coincidieron en que la medida era urgente, puesto que mantener el beneficio resultaba insostenible para las finanzas públicas.
La noche del viernes, el presidente Rodrigo Paz anunció la eliminación del subsidio y fijó la cotización inicial del diésel en Bs 17,95 por litro —monto que fluctuará diariamente según los indicadores internacionales—, además presentó un paquete de ayuda social y económica para amortiguar sus efectos.
Durante la comparecencia, los ministros explicaron los mecanismos de mitigación, entre los que destaca la activación del Bono PEPE II, beneficio que alcanzará un total de Bs 750 distribuidos en tres pagos bimestrales de Bs 250 a lo largo de seis meses.
Uno de los primeros sectores en expresar su rechazo orgánico fue la Confederación de Choferes de Bolivia. Su dirigente, Víctor Tarqui, exigió al Ejecutivo anular la medida por su impacto multiplicador en la canasta familiar y confirmó la realización de un ampliado nacional este lunes para definir medidas de hecho.
Al respecto, el ministro Aramayo ratificó la disposición del Gabinete para reunirse con los diferentes actores sociales y económicos, aunque desafió a los dirigentes opositores a presentar alternativas viables que frenen el contrabando y garanticen recursos para salud, educación e infraestructura vial.
Si bien las manifestaciones pacíficas están permitidas, el marco del estado de excepción prohíbe el bloqueo de carreteras y cualquier acción que vulnere los derechos de terceros. De tornarse más complejo el escenario de conflictividad, el Ejecutivo no descarta la aprobación de decretos complementarios para endurecer las restricciones ciudadanas.
"La vigencia del estado de derecho nos alcanza a todos. Estamos bajo un estado de excepción y, más allá de los anuncios dirigenciales, nuestra convocatoria es a dialogar y no a promover medidas de hecho. Sin embargo, en esta coyuntura va a haber sanciones para quienes atenten contra la vigencia plena de las leyes", advirtió Aramayo en la rueda de prensa.
El estado de excepción rige en todo el territorio nacional y estará vigente hasta diciembre, tras haber sido ampliado por un periodo adicional de 90 días.