Alianza
Evocando la crisis de 2003, El Alto y las provincias paceñas sellan un pacto para fijar postura ante el retiro del subsidio al diésel
Haciendo alusión a las jornadas de 2003, cuando las protestas derivaron en la renuncia del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, los campesinos y las mujeres de la organización Bartolina Sisa de las 20 provincias, junto con las juntas vecinales, obreros y gremiales alteños, sellaron un pacto y acordaron como primera tarea fijar con sus bases una posición respecto a la eliminación de la subvención al diésel.
La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari”, que había mantenido un bajo perfil tras el bloqueo de 53 días que exigía la dimisión del presidente Rodrigo Paz, volvió a tomar protagonismo y esta vez logró articular una alianza que se denominó “social-territorial” para exigir obras y unir fuerzas en “la lucha social”.
Al final de la reunión, el dirigente campesino Rolando Choque leyó el documento de conclusiones, que tiene como eje promover el desarrollo departamental, exigiendo al Gobierno central mayor inversión en áreas como carreteras, hidrocarburos, infraestructura, desarrollo productivo, riego, energía solar, salud, educación, servicios básicos, comercio y desarrollo metropolitano.
También acordaron analizar y fijar una posición sobre el retiro de la subvención al diésel y su impacto en la economía, sobre todo en las familias en situación de vulnerabilidad. Además, exigieron al Gobierno solucionar la crisis económica, que consideran agudizada por haber dejado librado al mercado el precio del diésel.
“Asumir la posición firme respecto al Decreto Supremo 5716, que dispone el levantamiento de las subvenciones del diésel, así como sus efectos en la canasta familiar y el desarrollo del departamento. En caso de incumplimiento del presente pronunciamiento, seremos obligados a luchar por las reivindicaciones sociales a nivel departamental”, refiere el documento.
“En 2003, la ciudad de El Alto estaba en la lucha conjunta con sus provincias; hoy las 20 provincias con toda la ciudad de El Alto estamos reunidos, vamos a encarar esa lucha social. No vamos a claudicar nuestro derecho como pueblos indígenas (…) No puede sacar un decreto supremo de manera autoritaria, debe respetar a las organizaciones sociales”, advirtió Choque.
En las jornadas de violencia de 2003, las juntas vecinales de la ciudad de El Alto y los campesinos unieron sus fuerzas y provocaron la renuncia del expresidente Sánchez de Lozada, luego de la muerte de más de 50 personas a manos de militares. El exmandatario huyó a Estados Unidos y desde entonces radica en ese país.
La rearticulación de diferentes sectores sociales se da en momentos en los que el gobierno de Rodrigo Paz enfrenta un creciente rechazo de choferes y otros sectores al Decreto Supremo 5716, que pone fin a la subvención al diésel. Los choferes sindicalizados exigieron anular el decreto aprobado la noche del viernes 18 y decidieron replegar sus vehículos el lunes, con la amenaza de una medida indefinida.
Las posiciones de protesta surgen en medio de la vigencia del estado de excepción que el Gobierno logró ampliar hasta diciembre, precisamente con miras a contener la reactivación de las protestas sociales.
Para el dirigente de la Central Obrera Regional de El Alto (COR), Marcelo Mayta, se trata de “un día histórico porque ha nacido un pacto de organizaciones sociales y territoriales por el desarrollo del departamento de La Paz”.
"Un lineamiento de desarrollo"
“Nos hemos unido, dejando atrás todo el tema personal, y por ello creemos que este pacto de organizaciones sociales y territoriales va a marcar un lineamiento de desarrollo para el departamento de La Paz (…) Si el gobierno nacional no escucha a estas organizaciones sociales, a este gran pacto de organizaciones sociales y territoriales, pues nos van a ver en las calles”, advirtió.
No se precisó cuándo se volverán a reunir ni cuál será el mecanismo para conocer los resultados del análisis de la coyuntura nacional y del retiro de la subvención al diésel.