La mirada del escritor
Fiscalía y Ejecutivo: el Estado en disputa
Es posible pasar la vida sin comprender plenamente lo que sucede en Bolivia. Sin embargo, esa distancia tiene un costo: acostumbrarnos a que las disputas por cuotas de poder se presenten como defensa de la democracia. Al aproximarse octubre, la pregunta central es si nuestras instituciones pueden actuar con autonomía frente a intereses políticos y presiones externas.
La revocación de la visa estadounidense al fiscal general, Roger Mariaca, incorpora una nueva tensión. Según Associated Press, Washington fundamentó la medida en acusaciones de corrupción y obstrucción de la lucha contra el crimen; Mariaca, por su parte, denunció presión política. Estas versiones deben examinarse con rigor: una acusación no equivale a una responsabilidad demostrada, y denunciar persecución tampoco acredita inocencia.
Conviene distinguir el hecho, las razones declaradas y sus posibles efectos. La revocación es el hecho; las explicaciones estadounidenses constituyen su justificación pública; el debilitamiento político del fiscal sería una posible consecuencia. Confundir estos planos transforma la interpretación en certeza. Que una decisión beneficie al Ejecutivo no demuestra que haya sido adoptada para favorecerlo.
La precisión fundamental es que Gobierno y Estado no son equivalentes. El Ejecutivo no representa la totalidad de la institucionalidad. Investigar a una autoridad gubernamental puede constituir una forma de proteger el orden estatal mediante el control de quienes ejercen poder.
El artículo 225 de la Constitución boliviana encomienda al Ministerio Público defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, ejercer la acción penal pública y actuar con autonomía funcional, administrativa y financiera. Esa autonomía está acompañada por principios de objetividad y responsabilidad: exige independencia y también rendición de cuentas.
Guillermo O’Donnell denominó «rendición de cuentas horizontal» a la capacidad de instituciones estatales para controlar y, cuando corresponda, sancionar actuaciones ilícitas de otros organismos públicos. Desde esta perspectiva, la democracia necesita controles efectivos entre elecciones, capaces de alcanzar incluso a quienes gobiernan.
Por ello, una investigación debe evaluarse por sus pruebas y procedimientos. La incomodidad del investigado no la invalida; tampoco la investidura del investigador garantiza su imparcialidad. Cuando defendemos a la Fiscalía únicamente porque persigue al adversario, subordinamos la legalidad a nuestras lealtades.
La intervención estadounidense merece una lectura igualmente crítica. Una restricción de visa puede modificar reputaciones y relaciones de fuerza. Cabe examinar si fortalece indirectamente al Ejecutivo, pero sostener que busca paralizar investigaciones o imponer una subordinación política requiere evidencias adicionales. El análisis pierde autoridad cuando presenta sospechas como conclusiones.
Bolivia necesita instituciones capaces de investigar sin obediencias partidarias y de responder por sus propios abusos. Octubre será revelador si permite observar decisiones fundamentadas y criterios uniformes. La medida de nuestra democracia será la capacidad de someter al poder a reglas comunes, incluso cuando cumplirlas perjudique a sus aliados.